El Consejo de Fiscalías y Asesorías respaldó la postura de la fiscal Claudia Salica tras el conflicto por la causa de los robarruedas y advirtió que ciertas exigencias judiciales generan “revictimización institucional”.

La controversia judicial desatada por la causa de la denominada banda de los robarruedas escaló este lunes con la intervención institucional del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS), que emitió un comunicado en respaldo al Ministerio Público Fiscal y cuestionó criterios aplicados por algunos jueces en audiencias penales.

El organismo expresó su preocupación por la exigencia de que las víctimas comparezcan personalmente en determinadas instancias judiciales, aun cuando ya hayan manifestado por escrito y de manera voluntaria su conformidad con acuerdos impulsados por la Fiscalía.

En el documento, CONFIAS sostuvo que esa práctica carece de respaldo normativo y afirmó que no encuentra sustento en la Ley Provincial 1851-O ni en otras normas del ordenamiento jurídico vigente.

“Obligar a las víctimas a comparecer ante quien les causó daño, sin que ninguna norma lo imponga, no es una exigencia procesal”, señaló el comunicado. Además, advirtió que esa situación puede derivar en una “revictimización institucional”, al exponer nuevamente a los damnificados a contextos de vulnerabilidad.

La posición del organismo surge luego del fuerte cruce protagonizado por la fiscal Claudia Salica y el juez de Garantías Diego Manuel Sanz durante una audiencia vinculada a una salida alternativa al juicio para dos acusados de integrar una banda dedicada al robo de ruedas de vehículos.

En ese expediente, Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares ofrecieron una reparación económica de $1.000.000 para cada víctima con el objetivo de cerrar el conflicto penal mediante un acuerdo. Sin embargo, la homologación quedó suspendida cuando el magistrado consideró necesario garantizar la participación directa de los damnificados en la audiencia.

Sanz sostuvo que las víctimas debían ser notificadas y contar con la posibilidad de intervenir personalmente, ya fuera de manera presencial o virtual, en resguardo de principios constitucionales vinculados al debido proceso y al derecho a ser oídas.

Salica rechazó esa interpretación y argumentó que la normativa no exige la presencia de las víctimas en este tipo de procedimientos cuando ya han expresado su consentimiento. La fiscal incluso solicitó la recusación del magistrado, planteo que fue rechazado.

El pronunciamiento de CONFIAS profundiza ahora un debate que trasciende el expediente puntual y pone en discusión el alcance de los derechos de las víctimas, el rol del Ministerio Público Fiscal y los criterios que deben aplicar los jueces al momento de homologar acuerdos de reparación integral.

La disputa podría tener consecuencias institucionales más amplias. La próxima audiencia, prevista para el 17 de junio, no solo definirá la situación procesal de los imputados, sino que también podría fijar un criterio de referencia para futuras causas penales en San Juan donde se utilicen mecanismos alternativos de resolución de conflictos.