La caída del sistema SUBE dejó a alumnos sin poder viajar, obligó a justificar inasistencias y volvió a exponer la falta de coordinación entre el Gobierno y las empresas de transporte. Mientras tanto, miles de familias quedaron sin una solución concreta.

La falla registrada en los últimos días en el sistema SUBE volvió a poner en evidencia un problema que excede lo técnico: ningún estudiante debería perder un día de clases por errores administrativos o tecnológicos ajenos a su voluntad. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en distintos puntos de San Juan.

Desde las primeras horas de la mañana, numerosos alumnos denunciaron que las máquinas validadoras no reconocían el beneficio del Boleto Escolar Gratuito. En algunos casos pudieron viajar pagando el pasaje común; en otros, directamente no pudieron subir a las unidades porque no contaban con dinero para afrontar el costo del traslado.

La respuesta oficial llegó varias horas después. El Ministerio de Educación informó que las inasistencias serán justificadas para los estudiantes afectados, mientras que el Ministerio de Gobierno atribuyó el inconveniente a una actualización técnica del sistema SUBE y a tareas de adecuación vinculadas a la implementación del beneficio.

Sin embargo, la medida no resolvió el problema de fondo: los alumnos igualmente perdieron horas de clase y las familias debieron afrontar costos imprevistos o buscar alternativas de transporte.

El conflicto adquiere mayor relevancia porque el nuevo esquema del Boleto Escolar Gratuito alcanza a más de 100.000 beneficiarios y genera alrededor de 100.000 viajes diarios, lo que convierte cualquier falla operativa en un inconveniente masivo con impacto directo sobre el sistema educativo.

La situación también dejó expuesta una contradicción. Días atrás, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, había asegurado que ningún estudiante debía ser bajado de un colectivo por problemas relacionados con el sistema y que las empresas debían garantizar el traslado mientras se resolvieran los inconvenientes técnicos.

Sin embargo, los testimonios de padres y alumnos reflejaron una realidad diferente. Hubo estudiantes que llegaron tarde, otros que tuvieron que pagar el boleto y algunos que directamente no pudieron asistir a clases.

En medio de las críticas, la empresa de transporte El Triunfo difundió un comunicado en el que aclaró que la normalización del sistema se estaba realizando de manera progresiva y remarcó que los choferes no pueden habilitar ni gestionar el beneficio, ya que la situación depende de los organismos responsables del sistema. Además, pidió evitar reclamos contra los conductores y recordó que Educación justificará las faltas de los estudiantes afectados.

El mensaje, sin embargo, volvió a dejar una pregunta sin respuesta: si las autoridades habían ordenado garantizar el traslado de los alumnos, por qué hubo estudiantes que no pudieron viajar.

La discusión ya no pasa únicamente por una falla tecnológica. Lo que quedó expuesto es la ausencia de un mecanismo de contingencia eficaz para evitar que los problemas del sistema terminen trasladándose a las aulas.

Mientras el Gobierno asegura que la normalización avanza de manera progresiva y las empresas sostienen que no tienen facultades para intervenir, los únicos perjudicados son los estudiantes y sus familias. Y aunque las faltas puedan justificarse, el tiempo de aprendizaje perdido no se recupera con una resolución administrativa.