La revisión de las condenas por expropiaciones sigue paralizada y estira la definición de un caso clave.

A ocho meses de la sentencia en la megacausa por expropiaciones en San Juan, el proceso permanece sin avances: aún no se logró conformar el tribunal que debe analizar los recursos de casación presentados por las defensas.

La demora mantiene en suspenso la revisión de condenas que incluyen penas de hasta 7 años y 8 meses de prisión, como la dictada contra el abogado Santiago Graffigna, en un expediente que investiga maniobras fraudulentas con fondos públicos por millones.

El principal obstáculo radica en la inhibición de los miembros de la Corte de Justicia, quienes se apartaron por distintos motivos, como vínculos previos con la causa o relaciones personales con los involucrados.

Ante esta situación, la normativa prevé la conformación de un tribunal especial, integrado por jueces inferiores o incluso conjueces —abogados del foro— en caso de que no se logre completar el cuerpo con magistrados disponibles. Sin embargo, ese mecanismo aún no se concretó.

El expediente, que se inició en 2010, ya acumula más de 15 años de tramitación, y aunque en 2025 se logró una sentencia condenatoria, la falta de revisión impide que el fallo quede firme.

La ausencia de definiciones reaviva cuestionamientos sobre la eficiencia del sistema judicial y su capacidad para resolver causas complejas, especialmente aquellas vinculadas a corrupción y manejo de recursos estatales.

En este contexto, la megacausa vuelve a quedar atrapada en un ciclo de dilaciones que posterga el cierre de uno de los casos judiciales más relevantes de la provincia, con impacto directo en la credibilidad institucional y en la expectativa de justicia.