Sirerol y Ruiz se presentaron ante la Justicia, rechazaron las denuncias sobre el Acueducto Gran Tulum y pidieron una pericia técnica.

La causa judicial por el Acueducto Gran Tulum sumó un movimiento clave: los ex presidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, se presentaron de manera espontánea ante la Justicia para rechazar las acusaciones que ponen bajo sospecha a la obra y niegan que se hayan utilizado caños no aptos para agua potable.

La reacción llegó después de la difusión de un informe que sostiene que parte de las cañerías instaladas correspondían a uso cloacal y pluvial, con potencial riesgo para el transporte de agua de consumo. A través de su abogado, Nasser Uzair, los exfuncionarios calificaron esa versión como una “falacia maliciosa” destinada a generar alarma pública.

Según la defensa, la licitación contempló distintos tipos de caños bajo un mismo esquema de financiamiento, pero los materiales destinados a cloacas fueron colocados exclusivamente en Zonda y Ullum, para los fines previstos. “No existe un solo caño que se haya usado para consumo humano que haya sido reemplazado por uno de cloaca”, afirmaron.

Uno de los puntos técnicos más sensibles de la polémica es el sistema de unión de las cañerías. El informe cuestionado advertía que el método podía dañar la barrera interna del material y volverlo inapropiado. Frente a eso, Uzair explicó que durante la ejecución se pasó de electrofusión a termofusión, con asesoramiento técnico y controles externos.

La defensa agregó que, para evitar cualquier afectación, se resolvió cortar 30 centímetros de cada extremo antes de unir los caños. Ese material, aseguró, fue reintegrado sin costo a OSSE, de modo de evitar perjuicio económico. También sostuvo que hubo certificaciones del comité de homologación y auditorías de Bureau Veritas e Interacción sobre la calidad de los materiales y el avance de la obra.

La presentación judicial tiene además una lectura preventiva. Sirerol y Ruiz buscan aportar documentación y adelantarse a una eventual imputación, al considerar que por su “responsabilidad funcional” podrían ser los primeros en ser convocados si la investigación avanza.

En paralelo, la defensa intentó despegar al exgobernador Sergio Uñac del caso. Remarcó que OSSE es un ente autárquico, con presupuesto y administración propios, por lo que el Poder Ejecutivo no habría intervenido ni en la licitación ni en la ejecución directa del proyecto.

El planteo cierra con un pedido concreto: una pericia técnica integral que determine si los caños enterrados cumplen con las condiciones exigidas para agua potable. Ese estudio será decisivo para definir si la obra más importante de saneamiento de la provincia logra despejar sospechas o profundiza su frente judicial.