Trabajo analiza sanciones económicas mientras espera informes clave de Educación en medio de un conflicto docente en escalada.

La Subsecretaría de Trabajo avanza en la evaluación de posibles sanciones económicas contra los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, que realizaron el paro del jueves 9 de abril, aunque la definición final dependerá de informes técnicos solicitados al Ministerio de Educación.

El subsecretario Franco Marches confirmó que el proceso se encuentra en análisis y que los datos requeridos serán determinantes para establecer si hubo incumplimiento de la normativa vigente. “Estamos a la espera de informes para evaluar la situación en su totalidad”, señaló.

El eje central del caso es si la medida de fuerza se realizó en un contexto de negociación abierta. Desde Trabajo sostienen que las paritarias estaban en curso desde febrero, lo que, según la legislación laboral, impide la realización de paros mientras el diálogo sigue vigente.

En ese sentido, el funcionario fue categórico: “No es necesario declarar ilegal el paro para aplicar una sanción”, ya que la normativa establece condiciones específicas para las medidas de fuerza en procesos de negociación colectiva.

Además, desde el organismo remarcaron que la reapertura de las audiencias había sido solicitada por uno de los propios gremios, y que el Gobierno accedió al pedido. Sin embargo, la convocatoria al paro fue considerada “intempestiva” por las autoridades.

El conflicto se inscribe en una disputa salarial que se intensificó en las últimas semanas. Los sindicatos denuncian errores en la liquidación de haberes, exclusión de cargos y falta de pago de adicionales, mientras que el Ejecutivo sostiene que existen canales formales abiertos para resolver esos reclamos.

Pese a la tensión, el Gobierno confirmó que la próxima reunión paritaria se realizará el 13 de abril, sin modificaciones en la agenda. La continuidad del diálogo aparece como el principal canal institucional para descomprimir el conflicto.

La eventual aplicación de multas marcaría un endurecimiento en la postura oficial frente a las medidas gremiales. El desenlace del caso no solo impactará en la negociación docente, sino también en el marco de relación entre el Estado y los sindicatos en la provincia.