La Justicia de San Juan condenó ayer lunes a Lucas Eduardo Rojas Moretta, un hombre de 38 años que durante años habría utilizado una supuesta condición de abogado y trabajador judicial para generar confianza y concretar diversas maniobras de estafa que provocaron pérdidas millonarias a sus víctimas.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado y estableció una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad en los hechos investigados.

El acuerdo fue homologado por el juez Rodolfo Javier Figuerola, tras ser alcanzado entre el fiscal Guillermo Heredia y la defensa del imputado.

De acuerdo con la investigación, Rojas Moretta fue hallado responsable del delito de defraudación por engaño, en concurso real por tres hechos distintos que afectaron a una empresa y a dos particulares.

Uno de los episodios más importantes tuvo como damnificada a la firma MEC S.A.S. Entre mayo y junio de 2024, el acusado retiró una importante cantidad de carne de un frigorífico ubicado en Rawson. Según la acusación, se llevó unas 200 medias reses bovinas y 101 porcinas que abonó con dos cheques sin fondos, generando un perjuicio económico superior a los 11,5 millones de pesos.

La segunda maniobra tuvo como víctima al médico Osvaldo Echenique.

Los investigadores determinaron que el ahora condenado logró convencer al profesional para participar en un supuesto negocio que prometía importantes beneficios económicos.

Bajo esa excusa recibió 20 mil dólares, además de distintas entregas de dinero en pesos que totalizaron más de 12 millones, montos que nunca fueron restituidos.

El tercer hecho incluido en la causa tuvo como denunciante a Claudio Machado Guirado.

La investigación estableció que entre diciembre de 2023 y enero de 2024 entregó primero 5.000 dólares y posteriormente otros 10.000 dólares a cambio de pagarés y la promesa de obtener una renta mensual de 1.700 dólares.

Sin embargo, los compromisos nunca fueron cumplidos.

Cuando la víctima comenzó a reclamar el dinero, el acusado argumentó haber sufrido un accidente fuera de la provincia e incluso envió fotografías para respaldar esa versión.

Con el avance de las actuaciones judiciales también se descubrió que el domicilio consignado en los documentos entregados era inexistente.

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Rojas Moretta utilizó reiteradamente una supuesta condición de abogado y empleado del Poder Judicial para construir una imagen de credibilidad frente a empresarios y particulares.

Esa estrategia le habría permitido obtener dinero, mercadería y confianza antes de incumplir los compromisos asumidos.

La sentencia también dispuso que el condenado afronte las costas del proceso y cumpla durante dos años una serie de reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados.

Si bien continuará en libertad, deberá respetar las condiciones impuestas por la Justicia mientras dure el período establecido.

Además, durante la investigación se conoció que el acusado registraba antecedentes en la provincia de Santiago del Estero, donde había sido detenido en 2024 en otra causa vinculada a presuntas defraudaciones, aunque posteriormente recuperó la libertad.