El ex ministro de Transportes de España fue hallado culpable de cobrar comisiones ilegales durante la compra de barbijos en la pandemia. La sentencia del Tribunal Supremo también alcanzó a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
El Tribunal Supremo de España condenó a 24 años de prisión al ex ministro de Transportes y ex dirigente del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Ábalos, por su participación en una trama de corrupción vinculada a la compra de barbijos durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
La resolución judicial establece que Ábalos recibió comisiones ilegales para favorecer la adquisición de 13 millones de mascarillas ofrecidas por una empresa representada por el empresario Víctor de Aldama. Según la investigación, la operatoria se realizó junto a su ex chofer y ex asesor, Koldo García, en un esquema que permitió priorizar contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
Los magistrados consideraron acreditados los delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada. La sentencia representa uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones por contrataciones realizadas durante la crisis sanitaria.
Además de la condena a Ábalos, el Tribunal Supremo impuso una pena de 19 años de prisión a Koldo García, señalado como una pieza clave en la gestión de los contratos cuestionados. Por su parte, Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque logró evitar medidas cautelares más severas gracias a su colaboración con la Justicia durante el proceso.
De acuerdo con la resolución, el empresario obtuvo beneficios procesales tras aportar información considerada relevante para el avance de la investigación. Como parte de ese acuerdo, el cumplimiento efectivo de su pena quedó suspendido y deberá realizar tareas de carácter social.
Ábalos conoció la sentencia mediante videoconferencia desde el establecimiento penitenciario donde permanece detenido de forma preventiva desde noviembre de 2025. Su situación judicial se había agravado en los últimos meses a medida que avanzaron las investigaciones sobre la denominada «trama Koldo», uno de los casos de presunta corrupción más sensibles para el gobierno español.
El ex ministro fue una de las figuras más influyentes del entorno político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de encabezar el Ministerio de Transportes, ocupó la Secretaría de Organización del PSOE, cargo clave dentro de la estructura partidaria.
La condena agrega presión política sobre el oficialismo español, que en los últimos años enfrentó distintos cuestionamientos de la oposición por presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos durante la pandemia. Si bien el Ejecutivo ha buscado tomar distancia del caso desde que comenzaron las investigaciones, el fallo vuelve a colocar el tema en el centro del debate político nacional.
La sentencia del Tribunal Supremo aún puede dar lugar a nuevas instancias procesales vinculadas a otros expedientes abiertos sobre la misma trama, aunque representa un fuerte avance judicial en una de las causas de corrupción más relevantes surgidas tras la emergencia sanitaria por COVID-19 en España.
