El presidente Javier Milei consiguió lo que se había propuesto: que el Congreso aprobara en el periodo extraordinario dos leyes de alto contenido social. Y este domingo, cuando de el discurso anual de apertura de sesiones del Congreso, mostrará como un triunfo estos temas.

Este viernes, en una jornada de alta tensión política y social, el Senado argentino aprobó hoy un polémico cambio al Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad para delitos graves de 16 a 14 años, en una de las últimas sesiones extraordinarias del período impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

El proyecto, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados semanas atrás con un amplio respaldo oficialista, fue convertido en ley luego de que el oficialismo consiguiera el quórum y el apoyo legislativo necesario en el Senado en medio de un fuerte operativo de seguridad y manifestaciones en las inmediaciones del recinto.

La nueva normativa penal juvenil establece que los menores de 14 años podrán ser considerados penalmente responsables por delitos graves —como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros— y que podrán recibir penas de hasta 15 años de prisión. En el caso de delitos menores o de menor gravedad, se prevén medidas alternativas a la privación de la libertad, como monitoreo electrónico, servicios comunitarios o prohibición de acercamiento a la víctima.

El debate en el Senado estuvo marcado por duros cruces entre oficialismo y oposición. Desde el bloque que conduce Patricia Bullrich, defensores de la iniciativa argumentaron que la medida responde a una demanda ciudadana por mayor seguridad y a la percepción de que el sistema penal juvenil vigente está “desfasado” frente a la criminalidad actual.

Por el contrario, sectores opositores alertaron sobre los riesgos y las implicancias éticas de enviar a jóvenes de 14 años a cárceles o someterlos a procesos judiciales similares a los de adultos. “Una sociedad que castiga más no siempre es una sociedad que se vuelve más segura”, señaló uno de los legisladores críticos durante el debate.

Hay dudas sobre la capacidad de las provincias para generar la infraestructura necesaria para alojar a los menores que se detengan.

La sanción de esta ley pone a la Argentina entre los países de la región con una de las edades de imputabilidad más bajas para delitos graves, en un contexto en el que el debate sobre seguridad y la responsabilidad penal de los menores continúa siendo uno de los temas más polarizantes del gobierno de Milei.

Acto seguido, la Cámara Alta aprobó la Ley de Modernización Laboral, con 42 votos positivos, 28 negativos y 2 abstenciones, en lo que representa uno de los cambios más profundos en el régimen laboral argentino de las últimas décadas. La reforma modifica normas vigentes desde 1974 y apunta a flexibilizar las condiciones de contratación y despido, reducir costos laborales para las empresas y atraer inversiones, según el Ejecutivo.

Entre sus puntos más controvertidos se cuentan la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, simplificar el cálculo de indemnizaciones y limitar algunos mecanismos tradicionales de protección sindical, como el ejercicio del derecho a huelga, en particular en sectores considerados esenciales.

El polémico artículo 44, que preveía reducción salarial ante licencias prolongadas, finalmente fue sacado del proyecto.