El intendente de Calingasta expresó su preocupación por la autorización que permitirá al proyecto minero disponer del 90% de la capacidad adicional de la futura infraestructura eléctrica. Aseguró que la medida fue «arbitraria» y sostuvo que deja en desventaja a la provincia y a los vecinos.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carabajal, manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de ratificar el derecho preferencial del proyecto minero Vicuña sobre el 90% de la capacidad adicional que aportará la futura línea de 500 kV. El jefe comunal sostuvo que la resolución genera incertidumbre respecto del abastecimiento eléctrico para la provincia y cuestionó la forma en que se adoptó la medida.

Carabajal afirmó que el resultado del proceso «sorprende, entristece y vulnera los derechos de los usuarios». Explicó que desde el municipio realizaron las presentaciones correspondientes durante la instancia de participación pública, aunque reconoció que no fueron suficientes para modificar el desenlace.

«Somos muy pequeños frente a empresas de semejante magnitud. No tenemos voz ni voto y terminamos siendo una parte muy chica en una decisión de estas características», expresó.

El intendente calificó la resolución como «arbitraria, unilateral, autoritaria y poco entendible» y cuestionó que una empresa privada obtenga prioridad sobre una infraestructura que, según consideró, pertenece a la provincia. «Es una de las mayores burlas que una empresa de afuera se quede con una obra que es nuestra», afirmó.

Además, advirtió que todavía no existen precisiones sobre las consecuencias que la medida podría tener para los usuarios del servicio eléctrico. Señaló que se desconoce si habrá modificaciones en las tarifas, restricciones en el consumo o cambios en la disponibilidad de energía para los hogares.

«No sabemos cuánto podría aumentar la boleta de luz ni si se establecerán horarios para el uso de la energía en los domicilios. Tampoco conocemos cuál será el verdadero impacto sobre los vecinos», indicó.

Carabajal admitió que considera difícil revertir la decisión adoptada por el organismo nacional, por lo que planteó la necesidad de buscar alternativas que permitan garantizar el abastecimiento eléctrico de la provincia sin perjudicar a los usuarios.

En ese sentido, sostuvo que uno de los desafíos será generar la infraestructura necesaria para transportar mayor cantidad de energía hacia la línea de 500 kV. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de incorporar generación proveniente de Vaca Muerta o avanzar con la construcción de un gasoducto que permita ampliar la oferta energética.

Las declaraciones del jefe comunal se producen luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) confirmara que mantendrá el criterio adoptado en la Resolución 79/2026, desestimando las impugnaciones presentadas durante la audiencia pública. La medida permitirá a Vicuña conservar durante 25 años el derecho preferencial sobre el 90% de la capacidad adicional que incorporarán las nuevas obras eléctricas, un proyecto de infraestructura valuado en alrededor de 800 millones de dólares y considerado clave para el desarrollo del emprendimiento minero.