El anteproyecto impulsado por Federico Sturzenegger propone eliminar la COVIAR, reducir controles del INV y modificar la elaboración del vino. En San Juan, bodegueros y viñateros habían respaldado la flexibilización previa, mientras la conducción del organismo anticipó una fuerte resistencia.

El Gobierno nacional prepara una nueva reforma del sector vitivinícola que ya abrió un frente de conflicto en Cuyo. El borrador elaborado por el Ministerio de Desregulación propone eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina, flexibilizar las prácticas enológicas y concentrar los controles del Instituto Nacional de Vitivinicultura en las etapas finales de producción y comercialización.

La iniciativa todavía no fue enviada al Congreso. Se trata de un anteproyecto de 144 páginas que modifica normas de distintas actividades económicas y profundiza la política desreguladora del Gobierno de Javier Milei. En el capítulo vitivinícola, el punto de mayor impacto es la derogación de la Ley 25.849, que creó la COVIAR en 2004.

El texto dispone que la corporación presente un informe de cierre, rinda cuentas y avance hacia su liquidación. También establece que los recursos remanentes sean transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La propuesta llega después de que la Nación intentara poner fin, mediante una resolución, al aporte obligatorio que financiaba el Plan Estratégico Vitivinícola. Esa decisión fue frenada provisoriamente por la Justicia Federal, que cuestionó que una norma administrativa pudiera modificar obligaciones creadas por ley. El nuevo camino elegido por el Ejecutivo es llevar la eliminación al Congreso.

Además de terminar con la COVIAR, el proyecto plantea reducir inspecciones durante el proceso productivo, concentrar la fiscalización en el producto terminado, incorporar prácticas enológicas aceptadas internacionalmente y actualizar las sanciones mediante multas calculadas en UVA.

Otro cambio sensible es la redefinición legal del vino. Según la interpretación de la conducción de COVIAR, la reforma permitiría elaborar productos a partir de mostos sulfitados o concentrados rehidratados, y no exclusivamente mediante la fermentación del jugo de uva recién molida.

La entidad también advirtió que la iniciativa podría habilitar la mezcla de vino importado con producción nacional sin una identificación suficientemente clara. “Todos los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. No vamos a poder regular nunca más el mercado”, sostuvo su presidente, Fabián Ruggeri.

Ruggeri calificó el anteproyecto como un “avance destructivo sobre el federalismo y las economías regionales” y afirmó que existe un “desconocimiento absoluto” sobre el funcionamiento de la industria. La COVIAR anticipó que analizará alternativas legales y buscará articular una posición con entidades y gobiernos de las provincias productoras.

La postura no es homogénea dentro de la cadena. En San Juan, una parte importante del sector privado respaldó las primeras medidas de desregulación impulsadas por Sturzenegger, especialmente la eliminación del aporte obligatorio y la reducción de controles del INV.

La Cámara de Bodegueros de San Juan consideró que el canon representaba un costo adicional que afectaba la competitividad. La Asociación de Viñateros Independientes también cuestionó los resultados del Plan Estratégico Vitivinícola y sostuvo que no había garantizado la rentabilidad de los productores primarios.

En diciembre de 2025, 52 bodegas, productores y referentes sanjuaninos respaldaron la eliminación de cientos de normas del INV. El presidente de la Cámara de Bodegueros, Mauricio Colomé, afirmó que los controles permanentes implicaban una “verdadera persecución” y defendió que la fiscalización se concentre en el producto terminado.

También Oscar Biondolillo, propietario de Aguma, había considerado positiva la eliminación del aporte compulsivo porque, según expresó, representaba “un costo extra sin ningún tipo de beneficio”. Desde Viñedos Pie de Palo, Andrés Berzenkovich sostuvo que las empresas atravesaban dificultades para afrontar el canon y que San Juan no había recibido los resultados esperados en materia de promoción.

Ese respaldo previo permite anticipar que parte del empresariado sanjuanino podría acompañar la reducción de cargas, controles y contribuciones obligatorias. Sin embargo, todavía no trascendió una posición unificada del sector local sobre los aspectos más controvertidos del nuevo anteproyecto, como la desaparición definitiva de la COVIAR, la nueva definición del vino y la incorporación de productos importados.

En Mendoza, el rechazo aparece más organizado alrededor de la conducción de COVIAR y de entidades que consideran indispensables la trazabilidad, la identidad territorial y los controles desde el ingreso de la uva hasta la comercialización. El conflicto reproduce una discusión que ya había llegado a la Justicia por la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva y otras declaraciones obligatorias.

El debate excede el financiamiento de una institución. De un lado, el Gobierno y los sectores favorables sostienen que la desregulación permitirá bajar costos, reducir burocracia y equiparar al vino con otras industrias alimentarias. Del otro, las entidades opositoras advierten que una liberalización amplia puede debilitar la trazabilidad, afectar el origen del producto y exponer al mercado interno a mayores volúmenes importados.

La discusión definitiva se trasladará al Congreso cuando el Poder Ejecutivo cierre el texto y formalice su envío. Allí, San Juan y Mendoza deberán definir si acompañan una apertura integral del mercado o si reclaman límites para preservar los controles, la identidad productiva y la representación federal de una de las principales economías regionales del país.