La iniciativa del Gobierno endurece las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, pero además crea un delito para determinadas campañas de desinformación financiadas desde el exterior. FOPEA y constitucionalistas advierten que la amplitud de la redacción podría afectar a periodistas y generar autocensura.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso abrió una discusión que excede el conflicto por Malvinas. La iniciativa propone incorporar al Código Penal penas de 5 a 12 años de prisión para determinadas acciones de interferencia extranjera que busquen alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. En circunstancias agravadas, la condena podría llegar a 15 años.

La controversia se concentra en la redacción de la nueva figura penal y en una pregunta central: ¿puede alcanzar a periodistas o medios de comunicación?

El texto no establece que un periodista pueda ser encarcelado simplemente por publicar una información falsa o equivocada. Para configurar el delito previsto, la conducta debe estar vinculada con la actuación “por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero” y procurar alterar procesos electorales o manipular a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

Sin embargo, organizaciones periodísticas y especialistas advierten que el problema está en la amplitud de algunos conceptos utilizados.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que existe un “riesgo concreto para la libertad de expresión” y reclamó modificaciones para impedir que la norma pueda terminar penalizando el ejercicio legítimo del periodismo, la crítica política o la discusión de asuntos de interés público.

La entidad puso especialmente la lupa sobre el artículo 111 del proyecto, que incorpora el nuevo artículo 225 bis al Código Penal. Las penas previstas son de 5 a 12 años, mientras que subirían a 8 a 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.

¿Podrían ir presos periodistas?

Con la redacción conocida, ser periodista no coloca a una persona fuera del alcance de la ley, pero tampoco convierte una publicación periodística en delito por sí misma. Para una eventual imputación deberían verificarse los elementos que establece el tipo penal, entre ellos la vinculación con un actor extranjero y la finalidad prevista en la norma.

El cuestionamiento jurídico aparece porque expresiones como “manipular la opinión pública”, “campañas coordinadas” o “desinformación masiva” pueden abrir discusiones sobre su alcance concreto.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió, en declaraciones recogidas por Infobae, sobre la existencia de tipos penales abiertos y un posible “efecto intimidante”: ante la amenaza de sanciones penales elevadas, periodistas, medios u otros actores públicos podrían limitar preventivamente determinadas publicaciones.

La Nación también recogió cuestionamientos constitucionales y señaló que especialistas observan una posible colisión entre algunas disposiciones del proyecto y garantías vinculadas con la libertad de expresión y otros derechos civiles.

Por ahora, esas advertencias constituyen interpretaciones sobre un proyecto que todavía debe atravesar el Congreso. Su texto puede ser modificado durante el debate parlamentario y no existe todavía jurisprudencia que determine cómo se aplicarían esas figuras.

Qué busca el Gobierno

La explicación oficial es considerablemente más amplia que la cuestión de la desinformación.

El Ejecutivo sostiene que la nueva ley tiene tres objetivos principales: castigar a quienes explotan recursos naturales argentinos sin autorización, generar incentivos para que abandonen esas actividades y proporcionar al Estado herramientas frente a amenazas externas.

El proyecto busca reemplazar el régimen de la Ley 26.659, vigente desde 2011, por otro más severo contra las compañías involucradas en actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Las sanciones alcanzarían además a accionistas y proveedores vinculados con esas operaciones.

La ofensiva tiene como telón de fondo el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno sostiene que la explotación de esos hidrocarburos representa una amenaza concreta sobre recursos naturales cuya soberanía reclama la Argentina.

La administración Milei ya había iniciado acciones contra compañías vinculadas con esas operaciones. El 7 de septiembre, la Cancillería presentó una denuncia penal contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona y extendió la presentación a accionistas y autoridades empresariales que hubieran intervenido en los hechos investigados.

Además, mediante el Decreto 868/2026, el Ejecutivo estableció nuevas exigencias para acceder al RIGI y a permisos vinculados con hidrocarburos: las empresas deben declarar que ellas y las personas relacionadas directa o indirectamente no desarrollan las actividades prohibidas por la legislación argentina sobre Malvinas.

Un sistema de seguridad más amplio

La iniciativa tampoco se agota en las empresas y la desinformación. Propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa e inteligencia y la protección de infraestructura crítica.

El Gobierno argumenta que necesita una estructura estatal coordinada para responder a amenazas externas contemporáneas y considera insuficientes las herramientas utilizadas hasta ahora para defender la soberanía argentina.

Parte de esa estrategia ya comenzó a instrumentarse. El Decreto 983/2026 creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, bajo coordinación de la Cancillería, para ordenar las actividades internacionales de organismos nacionales que puedan incidir sobre la política exterior y, específicamente, sobre las acciones relacionadas con Malvinas.

El riesgo que advierten los críticos

La discusión que se abre en el Congreso será, entonces, hasta dónde puede avanzar el Estado contra operaciones de influencia extranjera sin afectar derechos constitucionales.

El núcleo de las objeciones no pasa por cuestionar la posibilidad de sancionar una operación financiada desde el exterior destinada a interferir clandestinamente en una elección, sino por determinar con qué precisión debe definirse esa conducta para evitar que una herramienta excepcional pueda aplicarse sobre actividades periodísticas, opiniones o críticas públicas.

Infobae consignó además cuestionamientos sobre otros artículos del proyecto que contemplan infracciones vinculadas con interferencias extranjeras realizadas mediante mecanismos “clandestinos, engañosos o coercitivos” y facultades del nuevo Consejo de Seguridad Nacional para adoptar medidas urgentes frente a amenazas consideradas graves e inminentes.

La Nación señaló, en la misma línea, que los reparos constitucionales abarcan no sólo la desinformación, sino también facultades previstas para el Poder Ejecutivo y disposiciones relacionadas con seguridad y defensa.

El debate parlamentario tendrá así dos planos. Uno será Malvinas y el endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos sin autorización argentina. El otro, potencialmente más conflictivo, será establecer límites precisos para combatir operaciones de influencia extranjera sin convertir conceptos como “desinformación” o “manipulación de la opinión pública” en figuras penales capaces de restringir la libertad de prensa.

La definición dependerá ahora del Congreso. Si el artículo mantiene su redacción actual, la discusión sobre sus límites constitucionales probablemente será uno de los principales focos del tratamiento legislativo.