El proyecto RECO busca ordenar la campaña electoral con reglas estrictas y sanciones económicas para quienes eviten el cara a cara.

El proyecto de reforma electoral denominado RECO (Régimen Electoral de Competencia Ordenada) avanza en San Juan con una propuesta central: establecer la obligatoriedad de los debates entre candidatos a gobernador, con sanciones económicas para quienes no participen.

La iniciativa, impulsada por el Partido Bloquista, fija una multa de 20.000 unidades tributarias, equivalente a $2.000.000 según el valor vigente de $100 por unidad en 2026, para los postulantes que se ausenten sin justificación.

El esquema rompe con la lógica actual, donde el debate es opcional, y lo transforma en una instancia institucional obligatoria, orientada a garantizar la exposición pública de propuestas en el tramo decisivo de la campaña.

Según el proyecto, el Tribunal Electoral deberá convocar al debate dentro de los 5 días posteriores a la oficialización de candidaturas y realizarlo en los 15 días previos a la elección, ubicándolo en el momento de mayor impacto político.

Además, se establece que el debate será público, con transmisión garantizada y bajo reglas definidas por el propio organismo electoral, que tendrá potestad para fijar moderadores, temario y formato, sin margen para negociaciones entre equipos de campaña.

La reforma también contempla la participación de universidades y organizaciones civiles, en busca de mayor legitimidad y transparencia, aunque mantiene carácter no obligatorio para debates en el nivel municipal.

El RECO forma parte de un paquete más amplio que incluye la eliminación del SIPAD, la implementación de boleta única y límites a la cantidad de candidaturas, con el objetivo de reducir la fragmentación y ordenar la competencia electoral.

En términos políticos, la iniciativa apunta a elevar la calidad del debate democrático y limitar estrategias evasivas. Si prospera, marcará un cambio estructural en las campañas: el debate dejará de ser una opción táctica para convertirse en una obligación con costo político y económico.