El oficialismo nacional avanza en el Congreso con una jugada clave: convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este miércoles con el objetivo de sancionar la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos de la oposición.

La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, forma parte de la agenda prioritaria del Gobierno y busca modificar la normativa vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce.

Según el pedido formal, la sesión se realizaría el 8 de abril a las 15 horas, en un contexto atravesado por disputas parlamentarias, ya que sectores opositores también presionan para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios con el respaldo de aliados como el PRO y otros bloques dialoguistas, en una negociación que incluye concesiones y reacomodamientos internos. La estrategia responde a una decisión política de acelerar el tratamiento de la reforma, incluso postergando otros proyectos relevantes dentro del propio Gobierno.

La modificación de la ley ya cuenta con media sanción del Senado y propone cambios sustanciales. Entre ellos, se redefine qué zonas estarán protegidas, limitando el alcance únicamente a aquellas que demuestren una “función hídrica relevante”. Además, otorga mayor protagonismo a las provincias en la determinación de áreas protegidas y habilita la posibilidad de actividades productivas —como la minería— bajo ciertas condiciones.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca “clarificar” la normativa y generar condiciones para atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería, clave para economías regionales.

Sin embargo, el proyecto genera fuertes resistencias. Organizaciones ambientales, especialistas y sectores de la oposición advierten que los cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental y poner en riesgo reservas estratégicas de agua.

Las críticas también apuntan al proceso legislativo. Durante las audiencias públicas previas, se registraron más de 100.000 inscriptos, pero solo una fracción mínima pudo exponer, lo que derivó en denuncias de falta de participación y posibles impugnaciones judiciales.

La sesión del miércoles será, así, una prueba de fuego para el oficialismo, que busca consolidar su agenda legislativa en un Congreso fragmentado y con márgenes ajustados.