El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda establece nuevas restricciones para quienes ocupen cargos públicos y su entorno familiar. La iniciativa también contempla sanciones y extiende la prohibición durante dos años después de dejar la función.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) impulsa una modificación de su marco legal que incorpora nuevas condiciones para determinar quiénes podrán acceder a las soluciones habitacionales de carácter social. Uno de los principales puntos del proyecto apunta a impedir que funcionarios públicos y personas de su entorno puedan ser beneficiarios.

La propuesta alcanza a quienes desempeñen cargos electivos, políticos o de designación dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. La limitación también contempla a funcionarios y autoridades políticas de los municipios sanjuaninos.

El alcance de la medida se extiende además al círculo familiar de los funcionarios. En caso de aprobarse, quedarían comprendidos los cónyuges, convivientes y familiares directos, tanto ascendientes como descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El proyecto incorpora otro aspecto vinculado con posibles conflictos de intereses. También podrían quedar impedidas de acceder a estas viviendas aquellas personas físicas o jurídicas que mantengan vínculos comerciales, contractuales o societarios directos con funcionarios cuando esa relación pudiera representar un beneficio indirecto.

Una de las particularidades de la iniciativa es que la restricción no finalizaría automáticamente cuando el funcionario abandone su puesto. El texto establece que la inhabilitación se mantendría durante dos años posteriores al cese efectivo del cargo.

Sin embargo, la prohibición no abarcaría todas las líneas de asistencia que ofrece el IPV. El proyecto deja expresamente fuera determinadas ayudas financieras destinadas a la construcción o ampliación de viviendas, así como algunos emprendimientos habitacionales realizados con participación privada y de entidades intermedias.

Además, la iniciativa contempla sanciones para quienes intenten esquivar las nuevas condiciones. La presentación de información falsa, la omisión intencional de datos o cualquier maniobra destinada a ocultar una situación de incompatibilidad podría derivar en la pérdida y nulidad del beneficio, además de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar a la legislación provincial un criterio específico de exclusión para el acceso a viviendas sociales, poniendo el foco en la función pública, los vínculos familiares y las relaciones económicas que puedan generar situaciones de conflicto de intereses.