El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca negó los cargos. El caso reavivó el debate sobre la seguridad presidencial y posibles conflictos judiciales.
El hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Donald Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca se declaró no culpable ante la Justicia federal de Washington y quedó detenido a la espera del avance del proceso judicial.
Se trata de Cole Tomas Allen, un ciudadano de 31 años oriundo de California, señalado por la fiscalía como el responsable del ataque armado ocurrido el pasado 25 de abril en el hotel Washington Hilton, sede de uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes de Estados Unidos.
Según la acusación federal, Allen irrumpió armado en el lugar y disparó contra un agente del Servicio Secreto, lo que provocó la inmediata evacuación de Trump y de altos funcionarios del gobierno estadounidense.
El efectivo herido recibió un disparo en el pecho, aunque sobrevivió gracias al chaleco antibalas y fue dado de alta horas más tarde.
Durante la audiencia judicial, Allen compareció esposado y vestido con uniforme naranja de prisión, mientras que su defensora oficial, Tezira Abe, presentó formalmente la declaración de inocencia en su nombre.
La investigación sostiene que el acusado viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington y se hospedó en el mismo hotel donde se desarrollaba la cena de corresponsales.
En su poder, las autoridades encontraron una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática, cuchillos, municiones y distintos elementos tácticos. Además, los investigadores hallaron una selfie tomada minutos antes del ataque donde Allen aparecía vestido de negro y portando armamento.
Fuentes judiciales revelaron además que el acusado envió mensajes previos a familiares en los que se despedía y expresaba críticas hacia Trump y funcionarios de su administración.
Tras su arresto, Allen declaró ante agentes del FBI que “no esperaba sobrevivir” al ataque, motivo por el cual fue alojado bajo vigilancia suicida en el centro penitenciario de Washington.
La causa incluye cargos por intento de asesinato presidencial, transporte de armas con intención criminal, utilización de armas durante un acto violento y agresión armada contra un agente del Servicio Secreto.
El caso abrió además una fuerte controversia judicial y política. La defensa pidió apartar a toda la fiscalía del Distrito de Columbia argumentando un conflicto de interés, ya que funcionarios presentes durante el ataque —incluida la fiscal Jeanine Pirro— se presentaron públicamente como víctimas del episodio.
El juez federal Trevor McFadden solicitó precisiones sobre ese planteo y fijó plazos para que ambas partes expongan sus argumentos antes de resolver si corresponde apartar o no a los fiscales intervinientes.
El atentado volvió a encender las alarmas sobre la seguridad presidencial en Estados Unidos en plena campaña electoral y profundizó el clima de polarización política que atraviesa el país.
Mientras avanza la investigación federal, el episodio amenaza con convertirse en uno de los casos judiciales y políticos más sensibles del año en Washington.
