El representante de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Pablo Abrego, cuestionó los valores fijados en licitaciones públicas para servicios de seguridad privada, advirtió sobre condiciones laborales precarias y reclamó mayores controles. Las declaraciones fueron realizadas en el programa De Sobremesa.
¿Qué está denunciando el gremio respecto de las licitaciones para seguridad privada?
Venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. Hemos intentado dialogar con los ministros y las autoridades, pero no encontramos puertas abiertas ni la posibilidad de llegar a un consenso. Como sindicato siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores y por eso seguimos haciendo públicas estas situaciones. En San Juan la actividad está muy precarizada. Hay vigiladores que trabajan 12 horas diarias, sin descanso adecuado, muchos en condiciones de informalidad.
¿Hay algún caso puntual que les preocupe especialmente?
Sí. Nos preocupa la licitación del Ministerio de Educación. El pliego establece que las empresas deben cumplir el convenio colectivo, pero fija un valor oficial de $14.000 por hora, una cifra que no alcanza para cubrir los costos reales de la actividad.
¿Cuál debería ser el valor de esa hora de servicio?
A nivel nacional tenemos un acuerdo homologado entre UPSRA y CAESI que establece una hora empresarial de $19.000 más IVA. Ese valor contempla salarios, cargas sociales, impuestos, indumentaria, capacitación, vacaciones y otros costos que debe afrontar una empresa para cumplir correctamente con el convenio.
¿Qué consecuencias puede generar una contratación por debajo de ese valor?
Si a esos $14.000 se les descuentan impuestos y cargas, el valor real que recibe la empresa ronda los $10.000 por hora. Es imposible sostener el servicio respetando el convenio colectivo. La única manera de cerrar esos números es precarizando al trabajador: haciéndolo trabajar más horas, incumpliendo derechos o reduciendo costos laborales.
También habló de competencia desleal entre empresas. ¿A qué se refiere?
Hay muchas empresas que no cumplen el convenio colectivo. De unas 34 empresas que hemos analizado, detectamos situaciones de competencia desleal. Algunas aceptan valores que después no pueden sostener y terminan perjudicando a sus propios empleados. Eso termina afectando a todo el sector.
¿Van a judicializar estas situaciones?
Nuestra primera herramienta siempre es el diálogo. Todavía la licitación no fue adjudicada y queremos que exista una mesa de trabajo donde participen el Ministerio de Trabajo, las empresas y el gremio. Si eso no ocurre y se vulneran los derechos laborales, tomaremos las medidas gremiales correspondientes y, si es necesario, acudiremos a la Justicia.
¿Estas irregularidades también ocurren en el sector privado?
Sí. Tenemos casos como el de Maxi Consumo, donde una empresa de Buenos Aires presta servicios sin estar habilitada en la provincia. También encontramos situaciones donde los trabajadores cobran conforme al convenio, pero no cuentan con toda la documentación exigida o las condiciones laborales adecuadas.
¿Qué otras situaciones detectan durante las inspecciones?
Nos encontramos con vigiladores que trabajan muchas horas, sufren problemas físicos por permanecer de pie durante largas jornadas, no cuentan con garitas adecuadas para protegerse del frío y, en algunos casos, las empresas les hacen firmar recibos por montos que no coinciden con el dinero que efectivamente perciben.
¿Existen casos donde se firman recibos por cifras superiores a las que realmente se cobran?
Sí, eso ocurre. Hay trabajadores que firman recibos por montos superiores y después reciben una suma menor. Es una práctica totalmente ilegal, pero muchos tienen miedo de denunciar porque temen perder el empleo o sufrir represalias.
¿Cuál es la situación en la minería?
Tuvimos un conflicto con una empresa que prestaba servicios entre Casposo y Hualilán, donde reclamamos que los vigiladores cobraran el plus correspondiente por trabajar en minería. En general, las empresas mineras pagan un adicional y no tenemos el mismo nivel de conflicto que en otros sectores, aunque creemos que hace falta discutir una paritaria específica para los trabajadores de seguridad en minería, como ocurre en otras provincias.
¿Cuál es el principal reclamo del sindicato?
Queremos que se respete el convenio colectivo, que haya controles efectivos y que termine la precarización laboral. Los trabajadores no pueden seguir aceptando salarios por debajo de la escala ni condiciones que afectan su dignidad. La única forma de defender esos derechos es con unidad entre los vigiladores y con un Estado que controle el cumplimiento de las normas laborales.
