En los 50 años del golpe, el oficialismo difundió un video que cuestiona el “relato” sobre la dictadura y promueve una “memoria completa”.
El Gobierno nacional difundió un video oficial de más de una hora en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, en el que volvió a plantear la necesidad de una “memoria completa” y cuestionó al kirchnerismo por haber “impuesto un relato” sobre la dictadura.
La pieza audiovisual, publicada a las 9 de la mañana en canales oficiales, incluye los testimonios de dos protagonistas presentados como “víctimas que quisieron esconder”: una nieta recuperada (caso N°127) y el hijo de un militar asesinado por el ERP.
En el inicio, el mensaje institucional sostiene que durante años se utilizaron fondos públicos para construir una narrativa que, según la Casa Rosada, dejó fuera a “miles de víctimas del accionar estatal y de organizaciones guerrilleras”.
Uno de los ejes centrales del video es el testimonio de Miriam Fernández, quien cuestiona el abordaje de los organismos de derechos humanos y plantea la necesidad de “contar la historia completa” para lograr una reconciliación social. También expone tensiones en torno a los procesos de restitución de identidad.
El segundo testimonio corresponde a Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado por el ERP en 1974 y fallecido tras más de un año de cautiverio. Desde esa experiencia, insiste en avanzar hacia una instancia de “unión y reconciliación” entre los argentinos.
La iniciativa se inscribe en una estrategia política del oficialismo que, por tercer año consecutivo, busca reconfigurar el enfoque sobre el pasado reciente, en contraste con la política de memoria impulsada en las últimas décadas.
El lanzamiento se da en paralelo a las movilizaciones y actos por el Día de la Memoria, lo que amplifica el impacto político del mensaje en una fecha de alta sensibilidad histórica.
El debate sobre la interpretación del pasado reciente vuelve así al centro de la escena pública. La disputa por la narrativa de la dictadura se proyecta como un eje de confrontación política sostenida, con efectos directos en la agenda institucional y social del país.
