El Gobierno provincial tomó posición en la disputa judicial por la Resolución 55/2026 y defendió que el financiamiento de la entidad vitivinícola sea voluntario y no compulsivo.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan salió a respaldar la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, cuestionada judicialmente por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), y ratificó su postura a favor de eliminar los aportes obligatorios de las bodegas para sostener a la entidad.
La definición provincial se conoció luego de que COVIAR presentara una acción de amparo ante el Juzgado Federal Nº2 de Mendoza contra la medida nacional, que puso fin al esquema de contribuciones obligatorias vinculado al sostenimiento del Plan Estratégico Vitivinícola.
En un comunicado oficial, el Gobierno sanjuanino afirmó que acompaña lo dispuesto por Nación y sostuvo que su posición coincide con la de “la postura mayoritaria de los actores de la viticultura sanjuanina”.
El eje del planteo provincial apunta al carácter del financiamiento. Según Producción, la promoción y articulación del sector entre privados debe construirse sobre “la adhesión voluntaria” y no mediante “el cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas”.
Además, el ministerio introdujo otro punto de tensión en la discusión: planteó que la resolución del conflicto judicial debería tramitarse mediante “un proceso colectivo y público”, dada la amplitud de actores alcanzados por la decisión y el impacto sobre la cadena vitivinícola.
La postura oficial sanjuanina, no obstante, evitó un rechazo absoluto a la corporación. El comunicado reconoce “los muchos aportes y trabajos positivos” desarrollados por COVIAR en distintos ámbitos de la industria, aunque advierte que el sistema de contribuciones obligatorias genera divisiones internas que dificultan construir consensos estratégicos sobre el futuro del sector.
El posicionamiento abre una nueva señal política dentro del mapa vitivinícola argentino. Mientras entidades mendocinas y sectores ligados a COVIAR defendieron la continuidad del esquema vigente, San Juan se alinea con la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, en un debate que combina institucionalidad, financiamiento privado y modelo de gobernanza para una de las principales economías regionales del país.
