El oficialismo reabre una de las disputas políticas que más caro le costó el año pasado. El ministro de Salud, Mario Lugones, presentó ante el Senado un proyecto de ley —firmado también por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— que desarma los principales pilares de la ley de emergencia en discapacidad sancionada e insistida por el Congreso en 2025.

La iniciativa, denominada oficialmente «contra el fraude de pensiones por invalidez», ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados. Pero el antecedente reciente no es promisorio: la emergencia en discapacidad no solo unificó a la oposición el año pasado, sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026.

Las reformas en el centro del conflicto

El proyecto modifica dos ejes centrales del sistema. En materia de pensiones, se abandona el criterio de «protección social» basado en el Certificado Único de Discapacidad y se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. Esto deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial lanacion y establece una incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.

El segundo cambio apunta al sistema de prestaciones: el proyecto elimina los aranceles únicos y universales —el nomenclador— que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores. lanacion Según los críticos, esto tiende a fragmentar el sistema y debilitar el mecanismo de redistribución que hasta ahora permitía equilibrar las diferencias entre entidades.

Además, las actualizaciones no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. lanacion En la práctica, los valores podrían quedar rezagados.

Controles más estrictos y reempadronamiento

El proyecto también refuerza la fiscalización. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.

Un costo político que ya se pagó antes

El oficialismo sabe que el terreno es minado. Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada el año pasado, luego de que su intento de desactivar el frente legislativo —ofreciendo un aumento a los prestadores— no prosperara.

A la tensión legislativa se suma el frente judicial: en la Agencia Nacional de Discapacidad, el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas a empresarios proveedores de insumos, en una causa donde figuran mencionados Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem.

La respuesta social ya se organiza

Organizaciones y familias de personas con discapacidad convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. lanacion La historia parece repetirse: el Gobierno vuelve a apostar por una reforma estructural en un sector sensible, con la oposición envalentonada y la calle lista para responder.