La Nación cerró el plan vitivinícola y desmanteló el esquema de financiamiento compulsivo tras cuestionamientos internos y falta de aval legal.

El Gobierno nacional dispuso el fin de los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), mediante la Resolución 55/2026. La medida implica un cambio estructural en el esquema de financiamiento del sector y pone fin a un sistema vigente por más de dos décadas.

La normativa establece el cese inmediato de las contribuciones compulsivas, previstas en la Ley 25.849, al considerar que su finalidad quedó extinguida con la finalización del plan. A su vez, fija un plazo de tres meses para que la entidad presente un informe final con rendición de cuentas, cumplimiento de metas y estado de los recursos.

En paralelo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue instruido a dejar de recaudar estos fondos, mientras que los recursos remanentes deberán ser transferidos al organismo como autoridad de aplicación.

El Ejecutivo argumentó que el PEVI tenía vigencia hasta 2020 y que su continuidad requería una aprobación formal que no se concretó. En ese marco, la propuesta de extensión bajo el denominado “PEVI 2030” fue interpretada como una prórroga sin sustento legal y quedó sin efecto.

Si bien la medida no implica la disolución de COVIAR, la entidad pierde su principal fuente de financiamiento y eje operativo, lo que redefine su rol dentro del entramado institucional del sector.

El cierre del esquema también salda una disputa de larga data. Diversas entidades, como Bodegas de Argentina (2019) y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este (2014), habían cuestionado la obligatoriedad de los aportes y la falta de resultados en objetivos clave: exportaciones, consumo interno e integración de pequeños productores.

El conflicto se intensificó en 2024, cuando el Gobierno analizó convertir el sistema en voluntario, sin lograr consenso dentro del sector. Desde COVIAR, en tanto, atribuyeron los desvíos en metas a factores macroeconómicos y defendieron la legalidad del esquema vigente.

La decisión se inscribe en una línea política más amplia orientada a reducir mecanismos de financiamiento compulsivo y redefinir la intervención estatal en estructuras mixtas público-privadas.

Con este cambio, la vitivinicultura argentina ingresa en una etapa de reconfiguración: el desafío inmediato será definir nuevos mecanismos de coordinación y promoción sin financiamiento obligatorio, en un contexto donde la competitividad internacional continúa condicionada por variables macroeconómicas.