La administración de Javier Milei realizó gestiones ante funcionarios estadounidenses para impulsar una pesquisa penal por un eventual fraude financiero. La estrategia se cruza con la batalla judicial por la expropiación de la petrolera, que todavía puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei realizó gestiones reservadas ante la administración de Donald Trump para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue penalmente el ingreso, la gestión y la salida de la familia Eskenazi de YPF, una operación que quedó en el centro del millonario litigio internacional por la expropiación de la petrolera.
Según publicó LA NACION, funcionarios argentinos mantuvieron reuniones en Washington y Nueva York con representantes estadounidenses y plantearon la posibilidad de investigar si durante aquella operatoria existió un fraude financiero o bancario con efectos sobre inversores, entidades y el mercado de Estados Unidos.
La estrategia fue más allá de las conversaciones diplomáticas. La Casa Rosada contrató a una consultora privada de inteligencia con oficinas en Washington para recopilar, procesar y verificar información antes de presentarla ante las autoridades norteamericanas.
“La orden fue que procesara toda la información disponible y que pudiera conseguir, para estar seguros de que los datos que fuéramos a presentar ante el Departamento de Justicia estuvieran verificados”, explicó una de las fuentes citadas por el diario.
El movimiento tiene como telón de fondo el litigio por la expropiación de YPF y la disputa por una condena que llegó a superar los US$16.000 millones contra la Argentina.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York revirtió este año la sentencia que había favorecido a Petersen y Eton Park, cuyos reclamos son financiados por Burford Capital. Ahora, los demandantes buscan llevar la controversia hasta la Corte Suprema estadounidense.
La ofensiva argentina apunta a revisar lo ocurrido antes de que Burford ingresara al conflicto. “Consideramos que todo lo que vino después, con el fondo Burford, estaba contaminado”, sostuvo un exalto funcionario de la administración Milei que participó de las tratativas.
El planteo argentino procuró, además, diferenciar una eventual investigación estadounidense de la causa por presunta corrupción que tramita desde hace años en la Justicia federal argentina y permanece bajo la órbita del juez Ariel Lijo.
Por ese motivo, las gestiones en Estados Unidos se concentraron en un eventual perjuicio a inversores y bancos norteamericanos y no en las responsabilidades políticas que pudieran surgir alrededor de la operación realizada durante los gobiernos kirchneristas.
Entre los funcionarios argentinos involucrados en los contactos estuvieron el canciller Pablo Quirno; el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford; Juan Ignacio Stampalija, actual secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy.
Del lado estadounidense participaron funcionarios del Departamento de Justicia y colaboradores del secretario de Estado, Marco Rubio. También hubo gestiones para involucrar a la entonces fiscal general Pam Bondi.
El acercamiento tuvo además una expresión concreta dentro del expediente judicial: el Departamento de Justicia estadounidense presentó este año escritos ante los tribunales para respaldar la posición argentina en la disputa por YPF.
Desde el entorno de los Eskenazi rechazaron la posibilidad de que exista fundamento para una investigación penal. “No tiene sentido”, señalaron, y remarcaron que la familia no aparece mencionada en el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska.
El Grupo Petersen también sostuvo anteriormente que la adquisición de las acciones de YPF cumplió con las exigencias regulatorias vigentes en Argentina, España y Estados Unidos.
El conflicto judicial, sin embargo, está lejos de terminar. La Corte Suprema estadounidense extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para que Petersen y Eton Park presenten un recurso contra la decisión de la Cámara de Apelaciones que favoreció a la Argentina.
Burford pretende que el máximo tribunal revierta ese fallo y vuelva a quedar vigente la sentencia de Preska, lo que reabriría el riesgo de ejecución de activos argentinos para cobrar una suma superior a los US$16.000 millones.
Hasta el momento no existe confirmación pública de que el Departamento de Justicia estadounidense haya iniciado una investigación criminal contra los Eskenazi. Si la presentación argentina prospera, el conflicto por YPF podría sumar un nuevo frente penal en Estados Unidos mientras continúa la batalla definitiva por el multimillonario juicio derivado de la expropiación.
