El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un ambicioso paquete legislativo que incluye la reforma del Código Penal y una serie de leyes orientadas a reforzar la protección de la propiedad privada, en lo que constituye uno de los ejes centrales de la agenda política para 2026.

Según trascendió, la iniciativa podría ingresar en las próximas horas a la Cámara de Diputados y forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para avanzar en cambios estructurales en materia judicial, económica y de seguridad.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la modificación del Código Penal, vigente desde 1921, con el objetivo de endurecer penas y actualizar figuras delictivas. Entre las propuestas más destacadas figura la posibilidad de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, equiparándolos a los crímenes de lesa humanidad.

Además, el Ejecutivo busca incorporar nuevas tipificaciones y redefinir delitos existentes, en línea con una política de mayor severidad penal que ya había sido anticipada en el discurso oficial.

En paralelo, el paquete incluye un conjunto de leyes enfocadas en la defensa de la propiedad privada. En este punto, el Gobierno pretende endurecer las sanciones por la toma de tierras, uno de los temas más sensibles en el debate público de los últimos años. También se prevén cambios en la ley de expropiaciones y en la normativa sobre tierras, con el objetivo de limitar la intervención estatal y dar mayor previsibilidad jurídica a los propietarios.

Otro aspecto clave es la modificación de la ley de manejo del fuego. La propuesta oficial apunta a eliminar la restricción que impide cambiar el uso de terrenos incendiados durante décadas, una medida que había sido establecida para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.

El paquete legislativo también contempla revisiones en áreas sensibles como el financiamiento universitario, el sistema de discapacidad y otras normativas vinculadas al gasto público, con el objetivo de alinearlas con el equilibrio fiscal que impulsa la Casa Rosada.

En términos políticos, la iniciativa forma parte de una hoja de ruta definida por la mesa chica del oficialismo, que priorizó estas reformas por sobre otras, como la reforma electoral, que fue postergada para una segunda etapa.

El desafío inmediato será conseguir los apoyos necesarios en el Congreso. Para ello, el Gobierno ya comenzó a delinear una estrategia de negociación con gobernadores y bloques aliados, en un contexto donde ninguna fuerza cuenta con mayoría propia.