La provincia estrenó la nueva normativa laboral que obliga a garantizar el 75 % de servicios en actividades esenciales. El conflicto con docentes abrió el primer antecedente y el Gobierno advierte que el mismo criterio regirá para salud y transporte, en medio de tensiones sindicales.
El Gobierno de San Juan aplicó por primera vez la nueva normativa laboral para conflictos colectivos y desactivó el paro docente de 48 horas previsto para esta semana. La medida se tomó luego de que la Subsecretaría de Trabajo intimara a los gremios a cumplir con las exigencias de la legislación vigente para servicios esenciales.
El subsecretario de Trabajo provincial, Franco Marchese, confirmó que la decisión se basó en la falta de presentación de un plan de contingencia que garantizara al menos el 75 % del funcionamiento del sistema educativo, requisito obligatorio para cualquier medida de fuerza bajo la nueva normativa.
Según explicó el funcionario, los sindicatos habían comunicado el paro dentro de los plazos formales, pero no presentaron el esquema de funcionamiento mínimo exigido por la ley, lo que motivó la intimación oficial y finalmente el levantamiento de la protesta.
El conflicto se desarrollaba en el marco de negociaciones paritarias entre el Gobierno provincial y los gremios docentes, que habían convocado a una huelga de 48 horas en reclamo de mejoras salariales.
Educación como servicio esencial
La nueva legislación establece que educación, salud y transporte son servicios esenciales, por lo que durante cualquier protesta deben mantener un nivel mínimo de actividad. En el caso educativo, la provincia exige al menos tres de cada cuatro docentes en las aulas, para garantizar el dictado de clases.
Marchese sostuvo que la provincia “está estrenando la ley” y que el organismo laboral está obligado a aplicarla. La intimación a los gremios quedó formalizada a través de una resolución de la Subsecretaría de Trabajo provincial.
Impacto en otros conflictos
Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que el mismo criterio se aplicará en otros sectores en conflicto. La advertencia alcanza especialmente a salud y transporte, donde existen reclamos sindicales activos y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
En ese escenario, un eventual paro médico también deberá ajustarse a la normativa: los gremios deberán presentar previamente un plan que asegure el funcionamiento mínimo del sistema sanitario y garantice el 75 % de la prestación del servicio.
Precedente para los servicios esenciales
Con la suspensión del paro docente y las paritarias aún abiertas, San Juan se convirtió en la primera provincia en aplicar este esquema en conflictos colectivos, lo que anticipa un cambio en la dinámica de las protestas sindicales.
El resultado del conflicto educativo y la eventual reacción de médicos y transportistas será determinante para medir el impacto de la reforma en los reclamos laborales dentro de los servicios considerados esenciales.
