La empresa no cumplió con el primer pago acordado a más de 350 damnificados y la Justicia revisará el convenio millonario firmado en abril.
La causa por las presuntas estafas de Branka Motors sumó un nuevo episodio judicial luego de que los imputados incumplieran el acuerdo de reparación económica homologado por la Justicia para devolver el dinero a cientos de clientes que nunca recibieron las motos compradas.
La UFI de Delitos Informáticos y Estafas confirmó que este viernes, a las 16 horas, se realizará una audiencia clave para revisar tanto las medidas cautelares como el convenio firmado entre las partes. Y hay abogados de damnificados que plantean la necesidad de detener a los empresarios incumplidores.
La instancia fue impulsada por los abogados de los damnificados tras la falta de pago de la primera cuota, que debía acreditarse el pasado 25 de abril.
El acuerdo contemplaba la devolución de más de $532 millones a un total de 352 personas afectadas, mediante un esquema de pago dividido en cinco cuotas hasta agosto.
Sin embargo, el desembolso inicial nunca se concretó, generando fuerte malestar entre quienes habían aceptado la propuesta de reparación económica.
La abogada Filomena Noriega, representante de un grupo de damnificados, confirmó que ninguno de sus clientes recibió transferencias, pese a haber presentado la información bancaria requerida.
Además, advirtió que podrían solicitar la caída del convenio si no existen avances concretos. “El dinero comprometido ya no tiene el mismo valor por la inflación”, señaló, al remarcar el deterioro económico sufrido por las víctimas debido a la demora.
La causa se transformó en uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en San Juan por la cantidad de afectados y el volumen económico involucrado.
Según la investigación, la firma comercializaba motocicletas a valores inferiores incluso a sus costos de adquisición, un esquema que derivó en denuncias masivas por incumplimientos y presunta estafa.
El convenio homologado por la jueza Ana Carolina Parra establecía la restitución total de los montos denunciados y estaba respaldado mediante bienes muebles e inmuebles afectados como garantía.
Tras la aprobación judicial del acuerdo, los imputados recuperaron la libertad, aunque bajo estrictas condiciones: presentaciones periódicas, prohibición de contacto con denunciantes, impedimento de salir de la provincia y retención de documentación para viajar.
La audiencia de este viernes será determinante para definir el futuro del acuerdo y la situación procesal de los acusados. Si el incumplimiento se confirma y el convenio cae, el escenario judicial podría volver a endurecerse para los imputados en una causa que sigue generando fuerte repercusión social y económica en San Juan.
