Nuevo envase más económico y avance hacia hospitales y cobertura social consolidan la política pública del cannabis medicinal.

San Juan avanza en la consolidación del cannabis medicinal con una estrategia que combina reducción de costos, ampliación de puntos de venta y desembarco en hospitales públicos. La empresa estatal CANME lanzará un envase de 30 ml, que será un 20% más económico que alternativas del mercado, mientras se acelera su integración al sistema sanitario provincial.

La decisión se definió tras reuniones entre autoridades sanitarias y la Gobernación. Según confirmó el presidente de CANME, Gonzalo Campos, el nuevo formato —de mayor volumen— responde a demandas de médicos y veterinarios, que requerían presentaciones más eficientes para tratamientos prolongados. Su disponibilidad se estima en un plazo de dos a tres meses.

En paralelo, el producto amplía su presencia comercial. Actualmente se vende en 11 farmacias, pero un acuerdo con un distribuidor permitirá escalar a más de 100 o incluso 150 puntos de venta en toda la provincia, fortaleciendo la logística y el acceso territorial.

El eje sanitario muestra avances concretos. Existe un preacuerdo con el Hospital Rawson para incorporar el cannabis medicinal en su farmacia, con foco en áreas como psiquiatría, neurología y cuidados paliativos. La implementación podría comenzar en los próximos 15 días, con proyección de extensión al Hospital Marcial Quiroga y al Hospital Julieta Lanteri.

Otro punto clave es la cobertura. La inclusión en el vademécum de la Obra Social Provincia (OSP) —que alcanza a más de 140.000 afiliados— cuenta con visto bueno político y sanitario, aunque aún atraviesa etapas administrativas. De concretarse, implicaría un salto estructural en el acceso a este tratamiento.

Desde el punto de vista sanitario, el aceite de cannabis se posiciona como alternativa terapéutica para epilepsia refractaria, dolor crónico, trastornos del sueño y ansiedad, además de aplicaciones en espectro autista y medicina veterinaria.

El despliegue refleja una política pública en expansión, donde el Estado busca regular, producir y garantizar acceso a terapias alternativas. El desafío inmediato será sostener la escala de distribución y concretar la cobertura social, factores que definirán si el cannabis medicinal se consolida como prestación estructural dentro del sistema de salud provincial.