La Cámara de Diputados provincial aprobó en la sesión de hoy una declaración de repudio a la normativa aprobada en La Rioja, que reactivó el conflicto territorial entre ambas provincias. El debate involucra zonas estratégicas vinculadas a la minería y al Parque Ischigualasto.
La Cámara de Diputados de San Juan manifestó formalmente su rechazo a la ley sancionada recientemente por la Legislatura de La Rioja, una medida que volvió a poner en el centro de la escena la histórica controversia por los límites interprovinciales.
La iniciativa fue presentada este jueves por el bloque oficialista durante la quinta sesión ordinaria y generó intensas conversaciones entre los distintos espacios políticos. De hecho, las negociaciones previas demoraron por más de una hora el inicio de la actividad parlamentaria debido a la relevancia institucional del tema.
El proyecto de declaración expresa el desacuerdo del cuerpo legislativo sanjuanino con la decisión adoptada por la provincia vecina, al considerar que implica un avance sobre sectores que forman parte del territorio de San Juan. Entre las áreas involucradas se encuentran espacios cercanos al Parque Provincial Ischigualasto y regiones consideradas estratégicas por su potencial minero.
La reacción surgió luego de que la Legislatura riojana aprobara una ley impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, mediante la cual se ratifica la posición histórica de esa provincia respecto de la delimitación territorial con San Juan y se establecen mecanismos legales para respaldar ese planteo.
Desde distintos sectores políticos sanjuaninos sostienen que la normativa desconoce los límites establecidos por la legislación nacional vigente. En ese marco, recuerdan que la cuestión fue resuelta en 1968 con la sanción de la Ley Nacional 18.004, que definió oficialmente la frontera entre ambas provincias y fue posteriormente ratificada por el Congreso de la Nación.
Según esa legislación, sitios emblemáticos como Ischigualasto, conocido internacionalmente como Valle de la Luna, y el cerro El Potro quedaron bajo jurisdicción sanjuanina, situación que las autoridades locales consideran plenamente vigente.
La controversia volvió a cobrar fuerza durante los últimos meses a partir de diferencias vinculadas a proyectos mineros en la zona limítrofe. Uno de los episodios más significativos ocurrió cuando una resolución judicial dictada en Chilecito dispuso la suspensión temporal de actividades relacionadas con el proyecto Vicuña y restringió la circulación por determinados caminos ubicados en territorio riojano.
Aunque posteriormente ambas partes alcanzaron acuerdos que permitieron normalizar la situación, en San Juan interpretan la reciente sanción de la ley riojana como un nuevo capítulo en una disputa territorial que parecía resuelta desde hace décadas.
