La Justicia ratificó la condena por abusos, revocó la domiciliaria y ordenó su traslado al penal
Después de tres años de un extenso y doloroso proceso judicial, la Justicia de San Juan dictó la sentencia definitiva contra el conocido como “Abuelo Pepe”, el jubilado acusado de abusar sexualmente de cuatro de sus nietos. El tribunal resolvió imponerle 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y revocó la detención domiciliaria de la que gozaba hasta ahora.
El fallo fue dictado este miércoles por el tribunal integrado por los jueces Mónica Lucero, Mariano Carrera y Pablo León, y puso fin a una causa que se inició en febrero de 2023, cuando salieron a la luz las denuncias contra el hombre, de 73 años y domiciliado en Capital.
En el juicio original realizado en septiembre de 2023, el imputado había sido condenado a 14 años de prisión, pero la defensa apeló la sentencia. A partir de allí, el expediente atravesó instancias de revisión, nulidades parciales y recursos cruzados, hasta llegar a la Corte de Justicia de San Juan.
Durante ese recorrido judicial, el acusado permaneció bajo prisión domiciliaria, fundamentada en su edad y en la necesidad de cuidar a su esposa enferma. Sin embargo, esa situación fue uno de los puntos centrales discutidos en la audiencia de cesura realizada esta semana.
Las víctimas —entre ellas un varón— declararon oportunamente mediante Cámara Gesell, y la investigación reunió pruebas suficientes para avanzar en el juicio. Según se acreditó, los abusos incluyeron violaciones y tocamientos reiterados, y en uno de los hechos más graves, el hombre abusó de una de las menores cuando tenía 14 años y se encontraba internada por un problema de salud.
Tras la condena inicial, un Tribunal de Impugnación declaró nulos tres hechos por fallas procesales y redujo la pena a 10 años, decisión que tampoco dejó conformes a las partes. Tanto la defensa como la fiscalía presentaron nuevos recursos, lo que derivó en la intervención del máximo tribunal provincial.
La Corte de Justicia resolvió ratificar parcialmente la condena, declaró prescriptos dos hechos calificados como abuso sexual simple y ordenó que un nuevo tribunal fijara la pena definitiva mediante un juicio de cesura.
En esa audiencia, la defensa —a cargo de los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre— solicitó la pena mínima de 8 años y el mantenimiento de la prisión domiciliaria. En contrapartida, el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, pidió 14 años de cárcel y la revocación del beneficio.
Finalmente, los jueces resolvieron imponer 12 años de prisión efectiva y ordenaron el traslado inmediato del condenado al Penal de Chimbas. Además, fundamentaron la revocación de la domiciliaria en que el imputado incumplió ese régimen, ya que un informe del Patronato de Presos y Liberados constató que se había ausentado de su domicilio durante una verificación realizada en diciembre último.
Con esta resolución, la Justicia dio cierre definitivo a una de las causas más sensibles y conmocionantes de los últimos años en San Juan.
