Dos causas penales avanzan en Comodoro Py mientras el Gobierno prepara su defensa por los préstamos a funcionarios.
El escándalo por los créditos otorgados a funcionarios por el Banco Nación escaló al plano judicial con la presentación de dos denuncias penales que ya fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py y quedaron a cargo de los jueces Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti.
Las denuncias apuntan a presuntos delitos como “defraudación por administración fraudulenta”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, e involucran a exautoridades del banco y a distintos beneficiarios de los créditos.
El caso se originó tras la difusión de un listado de funcionarios y legisladores con financiamiento vigente, lo que derivó en pedidos de informes, tensión política y ahora judicialización. Entre los nombres mencionados figuran funcionarios del área económica y legisladores oficialistas.
En paralelo, el Gobierno nacional activó su estrategia de defensa. El equipo de auditoría del banco revisó los expedientes durante el fin de semana y prevé presentar su descargo ante la Justicia en las próximas horas. Desde el oficialismo sostienen que “no hay un solo crédito mal otorgado” y que todos los préstamos cumplen con condiciones de mercado y garantías suficientes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también salió a respaldar a los funcionarios involucrados: aseguró que “no tienen ventaja respecto del resto” y que accedieron a los créditos bajo los mismos criterios que cualquier cliente.
Sin embargo, desde la oposición advierten posibles irregularidades. En una de las presentaciones judiciales se señala que algunos beneficiarios habrían accedido a financiamiento “que no se condice con su perfil patrimonial o ingresos”, lo que podría configurar un perjuicio al Estado.
El impacto político ya tuvo consecuencias: al menos un funcionario fue desplazado de su cargo tras quedar involucrado en la polémica. A su vez, el conflicto amenaza con afectar la agenda oficial, en particular el proyecto de capitalización parcial del Banco Nación con participación privada.
Con la Justicia ya en movimiento, el caso abre un frente de alto riesgo para el Gobierno. La evolución de las investigaciones y la solidez de las defensas serán determinantes para definir si se trata de una operatoria regular o de un esquema que derive en responsabilidades penales y mayor desgaste político.
