Salud Pública detectó 26 adultos mayores alojados en residencias clandestinas de San Juan. Las familias tendrán 15 días para reubicarlos.
El Ministerio de Salud de San Juan clausuró dos residencias clandestinas para adultos mayores luego de recibir denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento de esos lugares. Durante los operativos, las autoridades constataron que había 26 personas alojadas entre ambos establecimientos.
La información fue confirmada por el secretario de Control y Planeamiento de Salud, Gastón Jofré, quien explicó que inicialmente se investigaban tres residencias sospechadas de operar sin habilitación.
“En una había 14 residentes y en otra 12”, detalló el funcionario tras las inspecciones realizadas por personal de fiscalización sanitaria.
Según indicó, una de las residencias denunciadas ya no estaba funcionando al momento de los controles, mientras que las otras dos fueron clausuradas y quedaron bajo actuación del Tribunal de Faltas.
Las familias de los adultos mayores tendrán ahora un plazo de 15 días para reorganizar el alojamiento de las personas que permanecían en esos lugares.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que este tipo de instituciones deben cumplir requisitos obligatorios vinculados a infraestructura, seguridad y atención médica. Entre ellos figuran condiciones adecuadas de habitabilidad, sistemas contra incendios, controles médicos periódicos, personal de enfermería y documentación habilitante.
Jofré precisó además que actualmente existen 36 residencias para adultos mayores en San Juan, aunque solo 27 cuentan con habilitación vigente.
El funcionario sostuvo que las habilitaciones definitivas tienen una duración de tres años, pero aclaró que los establecimientos pueden ser inspeccionados en cualquier momento por los organismos de control.
“Los adultos mayores merecen lo mejor y las instituciones deben cumplir con todos los requerimientos”, afirmó.
El caso volvió a poner bajo la lupa la situación de los geriátricos y hogares privados en la provincia, un sector que en los últimos años quedó expuesto por denuncias vinculadas a falta de controles, precariedad edilicia y deficiencias en la atención.
Desde Salud Pública también pidieron a la comunidad no naturalizar posibles situaciones de destrato o irregularidades y realizar las denuncias correspondientes ante cualquier sospecha. Los controles son realizados por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de enfermería, trabajo social, medicina y farmacia.
La clausura de estos espacios reabre el debate sobre la fiscalización estatal y la necesidad de fortalecer los controles sobre instituciones que trabajan con una población especialmente vulnerable.
