La causa investiga una presunta maniobra con la compra de equipamiento informático para la Policía durante la gestión de Sergio Uñac. La Provincia pagó $90 millones, pero los equipos adquiridos nunca llegaron a destino.
La Justicia de San Juan imputó a cinco personas por una presunta maniobra de fraude contra la administración pública vinculada con la compra de equipamiento informático para la Policía provincial durante la gestión de Sergio Uñac. La investigación sostiene que la Provincia abonó cerca de $90 millones por 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, aunque los equipos nunca fueron incorporados a la fuerza de seguridad.
La principal imputada es María de Lourdes Quiroga Coll, titular de la empresa SCH, acusada por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. También fueron imputados el subcomisario Juan José Valverde, el comisario Juan José González, el comisario mayor retirado Jorge Santoni y el ingeniero Enzo Fava, quienes además enfrentan cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, el expediente administrativo comenzó el 3 de enero de 2023, cuando Carlos Munisaga era secretario de Seguridad. Posteriormente, el 5 de mayo de ese año, un decreto adjudicó a la empresa SCH la provisión del equipamiento informático.
La investigación sostiene que el 1 de junio de 2023 se firmaron las actas que certificaban la recepción de los equipos y que durante ese mismo mes la Provincia efectuó tres pagos por la totalidad de la contratación. Sin embargo, el material nunca habría ingresado a las dependencias policiales.
La maniobra salió a la luz cuando el entonces jefe de Policía durante la gestión de Marcelo Orrego, Luis Lirola, detectó que las computadoras no estaban en poder de la fuerza. Posteriormente, la propia Quiroga Coll presentó un escrito ante Fiscalía de Estado en el que reconoció que el equipamiento permanecía almacenado en un depósito de un comercio privado.
No obstante, una auditoría realizada sobre los elementos hallados determinó que las computadoras, impresoras y tablets encontradas no corresponden a las adquiridas por la Provincia. Según la investigación, los equipos localizados son distintos e incluso de menor calidad que los especificados en la contratación original, lo que abrió una nueva línea de investigación por una presunta estafa millonaria al Estado.
La causa también atravesó un conflicto de competencia judicial debido a que los $90 millones utilizados para la compra provenían de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Finalmente, el 13 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el expediente debía continuar en la Justicia provincial.
Con esa definición, la UFI de Delitos Especiales formalizó las imputaciones y la investigación ingresó en una etapa clave. Ahora, los fiscales buscarán determinar si existió una maniobra deliberada para certificar la recepción de bienes públicos que nunca ingresaron al patrimonio del Estado y establecer las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
