La fiscalía denunció al intendente y a tres concejales por intentar frenar un juicio por malversación mediante una ordenanza municipal.
La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi presentó una denuncia penal contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, al considerar que el acuerdo impulsado para suspender el juicio por malversación constituye un acto ilegal y un “grave hecho institucional”.
Según la representante del Ministerio Público, los denunciados habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, al intentar cerrar una causa penal mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Para la fiscalía, la maniobra implicó atribuirse facultades que corresponden exclusivamente a jueces y al Ministerio Público, vulnerando el principio de división de poderes.
El conflicto se originó en el marco de la causa que investiga a Castro por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Con el objetivo de evitar el debate oral ante la Cámara Penal, el jefe comunal propuso una “reparación integral del daño” consistente en la donación de 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco.
La propuesta fue aprobada en sesión extraordinaria gracias al voto de los tres concejales ahora denunciados. No obstante, Gerarduzzi sostuvo que la legislación vigente prohíbe este tipo de conciliaciones en delitos contra la administración pública, por lo que calificó el acuerdo como un intento de eludir el proceso judicial.
Además del incumplimiento de deberes, la fiscal pidió investigar a los ediles por encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública. También puso bajo la lupa el origen de los fondos comprometidos y la trazabilidad de la eventual transferencia a la entidad benéfica.
La causa tiene antecedentes en 2019, cuando una composición anterior del Concejo denunció a Castro por el presunto uso de maquinaria y empleados municipales en un terreno privado. Tras regresar a la intendencia en 2023 con mayoría política propia, el mandatario avanzó con el cuestionado acuerdo conciliatorio.
La defensa
El abogado defensor del intendente, Marcelo Fernández, presentó formalmente la propuesta ante la justicia con el fin de suspender el juicio. Sostuvo que no se trata de un acuerdo consumado, sino de una herramienta prevista en el instituto de la conciliación y reparación del daño.
En declaraciones radiales, el letrado afirmó que la medida busca la “paz social” y que no implica reconocimiento de culpabilidad. Como antecedente, citó un caso que involucró al expresidente Alberto Fernández, argumentando que la reparación económica puede extinguir la acción penal.
La defensa también denunció una supuesta persecución política y cuestionó la falta de avances sustanciales en la investigación durante casi siete años. Según Fernández, la maquinaria municipal no realizaba tareas dentro de una propiedad privada, sino que estaba estacionada en la vía pública, y el intendente desconocía la situación al momento de los hechos.
Mientras los jueces analizan la validez del acuerdo, el juicio permanece postergado y el escenario político e institucional de Angaco suma un nuevo capítulo de tensión.
