A cuatro días del debate oral, el intendente de Angaco ofreció una reparación de 5 millones de pesos y utilizó el polémico antecedente del «Olivosgate» para frenar la causa.

A solo cuatro días del inicio del debate oral y público, el intendente de Angaco, José Castro, activó una última jugada judicial para evitar el banquillo de los acusados. Imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, Castro presentó un acuerdo de reparación integral ante el tribunal, ofreciendo el pago de 5 millones de pesos destinados a una entidad de beneficencia del departamento.

Lo llamativo de la estrategia, diseñada por su nuevo abogado Marcelo Fernández Valdez, es el fundamento jurídico utilizado: el antecedente del expresidente Alberto Fernández. La defensa sostiene que el jefe comunal debe recibir el mismo beneficio que permitió cerrar la causa de la «Fiesta de Olivos» mediante un pago económico, argumentando que no puede haber un trato desigual aun tratándose de un funcionario público en ejercicio.

La movida judicial contó con un veloz respaldo político en el Concejo Deliberante de Angaco. En una sesión extraordinaria celebrada «entre gallos y medianoche», el cuerpo aprobó el convenio con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El apuro por convalidar el acuerdo permitió que la presentación ingresara a los tribunales apenas dos horas después de finalizada la sesión, buscando forzar la suspensión del juicio previsto para el 23 de febrero.

Ahora, la decisión está en manos de los jueces Víctor Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal y Miguel Dávila Saffe. El tribunal deberá resolver si acepta este mecanismo de solución alternativa, pese a que la denuncia original de 2019 —por el uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado— es previa al sistema acusatorio. De avanzar el juicio y ser hallado culpable, Castro enfrenta una pena de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.