La Justicia ordenó decomisar 111 propiedades para cubrir un perjuicio de $685.000 millones en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal avanzó en la ejecución de bienes vinculados a la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad, al rechazar los planteos de las defensas y habilitar el decomiso de activos.

El fallo, dictado por la Sala IV del máximo tribunal penal, ordena avanzar sobre 111 bienes con el objetivo de comenzar a cubrir un daño estimado en $685.000 millones, producto de la maniobra de defraudación al Estado .

En una primera etapa, la medida impactará sobre 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner y más de 80 inmuebles asociados a Báez, incluyendo activos de empresas utilizadas en el esquema investigado.

Los jueces establecieron un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos o heredados, priorizando la recuperación del patrimonio por sobre la trazabilidad exacta del dinero.

La causa Vialidad acreditó un esquema de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante más de una década, con beneficios económicos para el empresario y vínculos comerciales con la familia presidencial.

El avance judicial se produce tras la confirmación de la condena en 2025 y marca un paso decisivo en la etapa de ejecución, orientada a recuperar activos provenientes de delitos contra la administración pública.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza la política de recuperación de bienes en causas de corrupción y sienta precedentes sobre el alcance del decomiso en delitos económicos complejos.

El proceso continuará ahora con la efectiva ejecución patrimonial y la eventual transferencia de los bienes a la órbita judicial, en un escenario que podría extenderse en el tiempo y seguir generando impacto político y judicial.