El Gobierno envió al Congreso un nuevo régimen de promoción para inversiones de al menos US$ 1.000 millones, con beneficios fiscales, estabilidad por 30 años y foco en industrias tecnológicas y sectores aún no desarrollados en el país.

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto del denominado “Súper RIGI”, un esquema de incentivos orientado a captar inversiones de gran escala en sectores nuevos para la economía argentina, con un piso mínimo de US$ 1.000 millones por proyecto y una vigencia de cinco años.

La iniciativa apunta a actividades que hoy no tienen desarrollo consolidado en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. También contempla proyectos vinculados al litio, hidrógeno verde, GNL, energía nuclear, electromovilidad y manufactura tecnológica.

Para acceder al régimen, las empresas deberán ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros dos años y operar mediante sociedades creadas exclusivamente para cada emprendimiento. El proyecto excluye ampliaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes.

Entre los beneficios previstos sobresale una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, por debajo del esquema vigente del RIGI tradicional, además de amortización acelerada, deducción ilimitada de quebrantos y menores cargas sobre dividendos, que bajarían al 3,5% después de cuatro años.

El paquete incorpora además ventajas aduaneras y cambiarias: exención de derechos de importación y exportación y un esquema gradual de libre disponibilidad de divisas que permitirá acceder al 100% de los dólares generados por exportaciones a partir del tercer año.

En uno de los puntos más sensibles, el proyecto garantiza 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional, y habilita la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional en disputas entre inversores y el Estado.

El nuevo régimen requerirá adhesión expresa de provincias y municipios, que además deberán asumir compromisos de moderación fiscal y previsibilidad regulatoria. El debate legislativo pondrá a prueba el respaldo político a una herramienta con la que el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino de inversiones tecnológicas y de alto valor agregado.

Fuente: Clarín