Un proyecto legislativo propone sanciones económicas y tratamiento obligatorio para agresores, con foco en la responsabilidad familiar y la intervención temprana.

La diputada Alejandra Leonardo presentó un proyecto para incorporar el acoso escolar al Código de Faltas, en respuesta al aumento de episodios de violencia entre estudiantes que se viralizan en redes sociales y dentro de las instituciones educativas.

La iniciativa establece sanciones económicas para padres, tutores o responsables legales cuando se verifiquen conductas de bullying reiteradas. Las multas previstas oscilan entre 50 y 300 Jus, lo que en valores actuales equivale a entre $100.000 y $600.000, con posibilidad de incrementarse en casos de reincidencia.

Según explicó la legisladora, el objetivo no es punitivo ni recaudatorio, sino generar un compromiso activo del entorno familiar. “Antes de llegar a una multa, el proyecto abre la puerta a soluciones pedagógicas y clínicas”, sostuvo, al remarcar que el agresor es una persona en desarrollo y requiere intervención temprana.

En ese sentido, la propuesta contempla la obligatoriedad de tratamientos psicológicos supervisados para los estudiantes que ejerzan acoso, con el fin de promover un cambio de conducta sin interrumpir su trayectoria educativa. El enfoque busca equilibrar la protección de la víctima con la continuidad pedagógica del agresor.

El proyecto también apunta a tipificar conductas hostiles, persistentes y reiteradas dentro del ámbito escolar, incorporando herramientas legales que hoy no están contempladas de forma específica en la normativa vigente.

En un contexto donde la exposición pública de hechos de violencia escolar crece y genera presión social, la iniciativa introduce un eje de corresponsabilidad familiar y estatal. El debate legislativo podría abrir una nueva etapa en la gestión del conflicto escolar, con impacto directo en la convivencia educativa y en el rol de las familias frente a estas situaciones.