La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó este martes que alcanzó un acuerdo con bloques aliados para resignar la venta libre de tierras a extranjeros y elevar el tope vigente del 15% al 25%, en un intento por destrabar la ley de propiedad privada que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Pese al anuncio, Bullrich no precisó cuántos votos tiene asegurados ni confirmó si el propio Gobierno respalda ese número, aunque tras la conferencia dejó entrever que conseguirá los apoyos necesarios.

La funcionaria habló junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. El oficialismo llega así a la sesión del jueves —que había quedado en cuarto intermedio el mes pasado— con un texto que ya pasó por 17 borradores desde que obtuvo dictamen en mayo, y enfrenta el doble desafío de sumar adhesiones y sostener el quórum en el recinto, algo que la oposición vigilará de cerca hasta último momento.

Según la última versión del proyecto, se mantiene la prohibición total para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país. Distinto es el caso de las personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, que podrán comprar tierras rurales solo si cuentan con autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, facultad que no podrá delegarse en un funcionario de rango menor a secretario de Estado.

El punto central del acuerdo es que la titularidad de tierras rurales en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia. Además, toda adquisición de tierras por parte de extranjeros deberá inscribirse en un asiento especial del registro inmobiliario de cada provincia, consignando los datos y la nacionalidad del comprador.

La votación del jueves se da en paralelo a una movilización que el peronismo bonaerense, el Frente Renovador y La Cámpora organizan en rechazo a los cambios impulsados por el oficialismo en la Ley de Tierras.