La firma busca un acuerdo para compensar a 287 denunciantes y frenar el avance de la causa penal.
Los responsables de Branka Motors presentaron una oferta económica de $420.000.000 como resarcimiento para los 287 denunciantes que integran la causa por presuntas irregularidades en la venta de motocicletas en San Juan.
La propuesta fue elevada ante el fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, por los abogados defensores de los hermanos Alexis Marco y Jonathan Marco, junto a Facundo Banega, señalados como responsables de la firma.
El planteo apunta a un acuerdo de reparación integral, mecanismo previsto como alternativa al proceso penal que implica la conciliación entre las partes y la eventual suspensión de la acción judicial, siempre que exista conformidad de los damnificados y del Ministerio Público Fiscal.
Para que la iniciativa prospere serán determinantes la evaluación de la fiscalía, la aceptación de los denunciantes, la postura de los abogados querellantes y las condiciones y forma de pago ofrecidas. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre la modalidad de distribución del monto ni sobre los plazos de cumplimiento.
El expediente continúa en etapa de investigación y todavía no fue formalizado. En ese contexto, un eventual acuerdo podría cerrar el conflicto en sede penal si las partes lo consideran satisfactorio. De lo contrario, la causa podría avanzar hacia imputaciones formales.
La investigación reúne actualmente a 287 personas que denunciaron haber abonado motocicletas que no fueron entregadas, situación que derivó en allanamientos y actuaciones judiciales sobre la empresa y comercios vinculados.
En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor impuso a la firma una multa cercana a los $2.900 millones por incumplimientos en la entrega de los rodados. Aunque esa sanción administrativa no contempla compensaciones directas, fortaleció el escenario de sospechas en torno a la operatoria comercial.
Por el momento, la oferta de $420 millones permanece bajo análisis y no existe una decisión oficial sobre su validez ni sobre el impacto que podría tener en el proceso penal en curso.
