Los acusados no abonaron la primera cuota del acuerdo millonario y las víctimas temen la caída del pacto y una posible fuga.

A más de dos semanas de la homologación judicial del acuerdo por el caso Branka Motors, los imputados no cumplieron con el pago inicial de $104.800.000, lo que reavivó la incertidumbre entre los damnificados y puso en riesgo el esquema de reparación por $524 millones.

Según confirmaron los abogados querellantes, la primera de las cinco cuotas pactadas debía abonarse el 25 de abril, pero hasta el momento no se registró ninguna transferencia, lo que encendió alarmas sobre un posible incumplimiento del fallo judicial.

El acuerdo, avalado por la jueza Ana Carolina Parra, permitió que los acusados recuperaran la libertad bajo el compromiso de resarcir a las víctimas. Sin embargo, la falta de pago genera dudas sobre la viabilidad del convenio y alimenta temores más graves: “qué certeza tenemos de que no se profugaron”, advirtieron desde la querella.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que aún existe margen legal y que el plazo podría extenderse hasta el 14 de mayo, es decir, dentro de los 30 días posteriores a la sentencia. No obstante, esta interpretación no fue comunicada formalmente a las partes, lo que derivó en cuestionamientos por una posible “inseguridad jurídica”.

Frente a este escenario, los representantes de las víctimas anticiparon que solicitarán una audiencia urgente y pedirán que los imputados vuelvan a prisión preventiva, al considerar que “no hay voluntad de pago” y que existe riesgo procesal.

Si el incumplimiento persiste, el acuerdo podría caer definitivamente, habilitando la ejecución de las garantías comprometidas —dos inmuebles y dos vehículos— y reactivando el proceso penal en su fase más dura.

El caso vuelve a tensionar el sistema judicial local: la resolución en los próximos días será clave no solo para las víctimas, sino también para la credibilidad de los mecanismos de reparación económica en causas de estafa masiva.