La Legislatura de San Juan analiza dos iniciativas para actualizar la respuesta estatal ante el bullying, el ciberacoso y la manipulación de imágenes con inteligencia artificial. Una propone crear un observatorio provincial y la otra incorpora multas y sanciones.

La violencia escolar volvió al centro de la agenda legislativa de San Juan a partir de dos proyectos que buscan modificar y ampliar el marco vigente. Las iniciativas fueron presentadas por las diputadas Cristina López de Abarca, del bloque Justicialista, y Alejandra Leonardo, integrante del oficialismo provincial.

Aunque coinciden en que la legislación quedó desactualizada frente al avance de las redes sociales, el ciberbullying y la inteligencia artificial, los proyectos plantean respuestas diferentes: uno concentra sus herramientas en la prevención, la recopilación de datos y la intervención temprana, mientras que el otro propone sumar multas y sanciones para los responsables.

El punto de partida es la Ley provincial 1020-H, que estableció el Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar para establecimientos públicos y privados. La norma fue sancionada originalmente en 2009 y continúa vigente, pero no contempla expresamente buena parte de las modalidades de agresión digital que aparecieron durante los últimos años.

Un observatorio para conocer los casos

El proyecto de Cristina López de Abarca propone una sustitución integral del texto de la Ley 1020-H. La iniciativa tomó estado parlamentario durante la Quinta Sesión Ordinaria y fue girada a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura.

Uno de sus ejes centrales es la creación de un Observatorio Provincial de Violencia Escolar, que recibiría información sistematizada de las escuelas, analizaría los episodios y elaboraría un mapa territorial de los casos registrados.

La intención es identificar en qué establecimientos, departamentos o grupos etarios se concentran las situaciones de violencia y utilizar esos datos para diseñar políticas de prevención, capacitación y acompañamiento.

Según explicó López de Abarca, el organismo podría estar integrado por representantes del Ministerio de Educación, universidades y el Colegio de Psicólogos, además de recibir información de las instituciones educativas mediante los mecanismos que defina la reglamentación.

“Hoy no tenemos información precisa. Se trata de contar con información sistematizada para saber por dónde y cómo enfrentar estos problemas”, sostuvo la legisladora.

La diputada afirmó que el acoso ya no se limita a las agresiones físicas o verbales dentro del aula, sino que incluye hostigamientos psicológicos, exclusión, difusión de contenidos y ataques mediante redes sociales.

“El acoso es violencia, puede ser psíquica, verbal o por redes. Las modalidades van cambiando”, señaló.

El proyecto mantiene una orientación principalmente preventiva. Busca mejorar la detección, garantizar la intervención estatal y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, antes que establecer un esquema centrado en el castigo.

Multas por ciberbullying y uso de IA

La propuesta de Alejandra Leonardo también apunta a modernizar la respuesta provincial, pero incorpora un componente sancionatorio.

El proyecto contempla hechos de violencia escolar, ciberbullying y utilización maliciosa de inteligencia artificial, como la manipulación, superposición o creación de imágenes falsas destinadas a hostigar, humillar o perjudicar a otra persona.

“No se limita al acoso escolar, sino también al ciberbullying y al daño que se produce con la manipulación de inteligencia artificial”, explicó Leonardo.

La iniciativa prevé que, cuando el autor sea mayor de edad, la sanción recaiga directamente sobre esa persona. Cuando el responsable sea menor, alcanzaría a su responsable de crianza.

Leonardo aclaró que las escuelas no tendrían la facultad de imponer las sanciones. Los establecimientos deberían detectar los episodios, intervenir y activar los mecanismos previstos, mientras que la aplicación de las penalidades quedaría en manos del Juzgado de Faltas.

“Si el problema surge, el Juzgado de Faltas será el órgano que aplique la sanción”, indicó la legisladora.

La información pública disponible confirma que la propuesta contempla multas y otras consecuencias, aunque hasta el momento no se difundió oficialmente una escala detallada de montos o unidades sancionatorias.

Una discusión que ya llegó al recinto

Los proyectos se presentan en un contexto de creciente preocupación institucional por el bullying y sus consecuencias emocionales y sociales.

El 30 de abril de 2026, la Cámara de Diputados sancionó una ley que instituyó el 2 de mayo como Día Provincial de la Lucha contra el Bullying, con el objetivo de promover campañas de concientización y prevención.

Durante ese debate, los legisladores advirtieron que las agresiones físicas, verbales, psicológicas y la exclusión social pueden provocar ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades de socialización en niños y adolescentes.

La comisión de Educación ya había analizado la problemática y remarcado la necesidad de articular acciones entre las escuelas, las familias y el Estado.

A ese escenario se suma la expansión de plataformas digitales y herramientas capaces de producir imágenes, audios o videos falsos. Esas tecnologías permiten que una agresión iniciada en el ámbito escolar continúe fuera de la institución, se viralice y permanezca disponible durante un tiempo indefinido.

El desafío de unificar los proyectos

Las dos iniciativas aún deben atravesar el tratamiento en comisiones. Allí, los diputados podrán introducir modificaciones o avanzar en un texto unificado que combine prevención, producción de información, protocolos de actuación y sanciones.

El principal desafío será definir cómo se registrarán los casos sin exponer a las víctimas, qué organismo coordinará el observatorio, qué conductas serán sancionadas y cuál será la responsabilidad de los adultos cuando intervengan menores.

El debate también deberá garantizar que el régimen sancionatorio no reemplace el acompañamiento psicológico, pedagógico y familiar. La posibilidad de un acuerdo entre oficialismo y oposición abre la puerta a una actualización integral de la legislación, aunque su efectividad dependerá de la reglamentación, el presupuesto y la capacidad real de las escuelas para detectar e intervenir ante cada caso.