Más de 65 mil inscriptos obligaron a un esquema mixto que ya enfrenta cuestionamientos judiciales.
La audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, prevista para el 25 y 26 de marzo, se desarrollará bajo un esquema excepcional para ordenar la participación de más de 65.000 inscriptos, en un proceso que evidencia la magnitud del debate ambiental y productivo en el país.
Ante la imposibilidad de otorgar la palabra a todos los participantes, la Cámara de Diputados implementó un sistema mixto que combina exposiciones presenciales, participación remota y envío de videos digitales a través de una plataforma vinculada a YouTube.
El formato prevé que solo 200 expositores puedan intervenir en vivo —100 por jornada, entre las 10 y las 19 horas—, mientras que el resto deberá cargar sus presentaciones en formato audiovisual, cumpliendo requisitos técnicos y de registro previo.
El miércoles 25 estará reservado para intervenciones presenciales, mientras que el jueves 26 se habilitará la participación remota vía Zoom. Además, se establecieron restricciones de acceso al recinto, limitando la presencia a diputados de las comisiones involucradas y un número acotado de asesores.
El criterio de selección —basado en los primeros inscriptos por provincia— generó rechazo y derivó en una medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas, que cuestionan la limitación del debate y la representatividad de la audiencia.
El tratamiento de la Ley de Glaciares se da en un contexto de alta sensibilidad, donde confluyen intereses vinculados a la protección del agua, la actividad minera y las inversiones estratégicas, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan.
La convocatoria masiva refleja la centralidad del tema en la agenda pública, pero también expone las dificultades del sistema institucional para canalizar una participación social de esta magnitud.
El resultado de esta audiencia no solo impactará en el futuro de la normativa ambiental, sino que también marcará el tono del debate entre desarrollo productivo y sostenibilidad, en un escenario de creciente presión social y judicial.
