La entidad que agrupa a las empresas de colectivos aseguró que la deuda acumulada supera los $9.750 millones y rechazó que la demora en los pagos responda únicamente a errores en la documentación. Además, sostuvo que el sistema continúa funcionando con frecuencias reducidas por falta de recursos.

El conflicto entre las empresas de transporte público de San Juan y el Gobierno provincial suma un nuevo capítulo. Luego de que la Secretaría de Tránsito y Transporte atribuyera la demora en los pagos a inconsistencias detectadas en la documentación presentada por las prestatarias el pasado 14 de julio, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) respondió con un duro comunicado en el que negó que esa sea la verdadera causa de la crisis que atraviesa el sector.

Desde la entidad, que nuclea a firmas como Albardón, Mayo, El Triunfo y otras concesionarias del servicio, admitieron que algunas liquidaciones pudieron haber recibido observaciones de carácter formal. Sin embargo, remarcaron que esas situaciones son habituales dentro de los procesos administrativos y que fueron corregidas oportunamente, por lo que descartaron que expliquen el actual escenario financiero.

ATAP sostuvo que el problema de fondo es una deuda acumulada que, según sus cálculos, alcanza los $9.750.150.676,43. Ese monto contempla distintos conceptos pendientes de pago, entre ellos las compensaciones correspondientes al Boleto Escolar Único, los trasbordos y los mayores costos operativos que, afirman, no fueron reconocidos durante los últimos meses de 2025 y el comienzo de 2026.

Otro de los puntos cuestionados por las empresas está relacionado con los fondos nacionales destinados a cubrir los atributos sociales del sistema. Aunque el Gobierno informó que la transferencia de esos recursos fue realizada por Nación el 28 de julio, desde la asociación aseguraron que, al momento de emitir el comunicado, el dinero aún no había sido acreditado en las cuentas de las prestatarias.

La entidad también aclaró que su reclamo no se limita a una liquidación mensual, sino que abarca compromisos pendientes desde hace varios meses. Entre ellos mencionó obligaciones correspondientes al año 2025, compensaciones por mayores costos de enero y febrero de 2026, y pagos por servicios especiales prestados en departamentos alejados durante abril, mayo y junio.

En ese contexto, ATAP insistió en que los fondos reclamados no constituyen subsidios destinados a favorecer a las empresas, sino compensaciones establecidas por el Estado para sostener tarifas accesibles para los usuarios y garantizar el equilibrio económico del sistema de transporte público.

Pese al conflicto, la asociación manifestó su disposición a continuar las conversaciones con las autoridades provinciales y expresó su expectativa de alcanzar una solución que permita normalizar la prestación del servicio.

Mientras tanto, las frecuencias continúan reducidas debido al desfinanciamiento denunciado por las empresas. De hecho, durante esta semana trascendió que al menos dos prestatarias fueron sancionadas por disminuir cerca de un 30% la cantidad de unidades en circulación. Desde ATAP reconocieron que la reducción afectó a todas las compañías asociadas y la atribuyeron a la imposibilidad de afrontar los costos que demanda operar con normalidad.