El Gobierno provincial estudia un programa para reducir la planta estatal, que creció de 36.000 a 50.000 empleados en cuatro años y presiona sobre el gasto público.

El Gobierno de San Juan avanza en el diseño de un plan de retiros voluntarios para trabajadores de la administración pública provincial, con el objetivo de reducir la planta estatal y aliviar el peso de la masa salarial en el presupuesto.

La iniciativa surge en un contexto de restricciones fiscales y caída de ingresos por coparticipación, que obligan al Ejecutivo a revisar el tamaño del aparato estatal. Según datos oficiales, la cantidad de empleados públicos creció de 36.000 en 2019 a cerca de 50.000 en 2023, un aumento de casi 40% en cuatro años.

El programa, que todavía se encuentra en etapa de planificación, ofrecería una compensación económica similar a una indemnización para quienes decidan dejar su cargo. El esquema podría resultar especialmente atractivo para empleados próximos a jubilarse o profesionales que evalúan pasar al sector privado.

Desde el Ejecutivo explican que desde 2023 se viene trabajando en la reorganización de áreas sensibles del Estado, particularmente en el sistema de salud. Allí existen demandas operativas, pero las limitaciones presupuestarias obligan a redistribuir recursos humanos en lugar de incorporar nuevos agentes.

La presión sobre las cuentas públicas también se explica por el aumento del adicional por antigüedad, que en 2023 pasó del 3% al 5%, lo que elevó el peso de los salarios dentro del gasto provincial.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda proyecta que recién a partir de junio podría registrarse una mejora en la recaudación, cuando finalice el esquema actual del impuesto a las Ganancias, lo que mantiene ajustado el panorama financiero en el corto plazo.

Aunque aún no se definieron montos ni condiciones específicas, en el Gobierno estiman que el programa podría implementarse durante 2026 si se mantienen las previsiones fiscales.

La iniciativa se inscribe además en una tendencia que también se observa a nivel nacional, donde distintos organismos impulsan planes de retiros voluntarios para reducir el tamaño del Estado, en medio de un escenario económico que exige mayor control del gasto público.