El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de San Juan advirtió sobre el aumento de personas que ofrecen servicios de traducción sin título ni matrícula profesional. La entidad recordó que el ejercicio de la profesión está regulado por ley y señaló que estas prácticas pueden constituir un delito previsto en el Código Penal.

El Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de San Juan (CTPISJ) emitió un comunicado en el que alertó a la comunidad, organismos públicos, empresas y organizaciones sobre el crecimiento de personas que ofrecen servicios de traducción sin contar con el título habilitante ni la matrícula profesional exigidos por la legislación vigente.

La entidad sostuvo que esta situación configura un posible caso de ejercicio ilegal de la profesión, una conducta contemplada por el artículo 247 del Código Penal de la Nación, que sanciona a quienes realizan actos propios de una actividad profesional sin poseer el título o la habilitación requerida por la ley.

Según explicó el Colegio, en el ámbito de la traducción esta práctica incluye a quienes se presentan como traductores profesionales únicamente por hablar dos idiomas o por encontrarse cursando estudios universitarios vinculados a la disciplina, sin haber obtenido aún el título correspondiente ni la matrícula que autoriza el ejercicio profesional.

Desde la institución remarcaron que la actividad en San Juan está regulada por las Leyes Provinciales N.º 7696 y N.º 7717, normas que dieron origen al Colegio y le delegaron facultades de control sobre el ejercicio de las profesiones de Traductor Público e Intérprete dentro del territorio provincial.

En ese sentido, recordaron que el organismo tiene como función garantizar la idoneidad profesional y velar por el cumplimiento de los estándares éticos y legales de la actividad.

Qué conductas consideran fraudulentas

El comunicado detalla que el ejercicio profesional fraudulento puede manifestarse de distintas maneras. Entre ellas, menciona:

• Presentarse falsamente como traductor o traductora profesional.
• Ofrecer servicios de traducción sin poseer título habilitante.
• Realizar tareas reservadas exclusivamente a profesionales matriculados.
• Utilizar credenciales, denominaciones o firmas que induzcan a error respecto de la condición profesional.

Para la entidad, estas conductas no solo implican una infracción a la normativa vigente, sino que además pueden afectar la calidad y la confiabilidad de documentos y comunicaciones que requieren precisión técnica y jurídica.

El Colegio destacó que el riesgo es especialmente significativo en ámbitos donde las traducciones tienen consecuencias legales, académicas, comerciales o técnicas, ya que errores o intervenciones realizadas por personas no habilitadas pueden generar perjuicios para particulares, empresas o instituciones.

Diferenciar funciones y responsabilidades

Otro de los puntos enfatizados por el comunicado es la necesidad de distinguir claramente entre un traductor profesional y otros perfiles laborales bilingües.

La institución señaló que “no es lo mismo un traductor con título y matrícula que un asistente o administrativo bilingüe”, por lo que recomendó a organismos públicos, empresas y particulares definir adecuadamente los perfiles requeridos al momento de realizar búsquedas laborales o contratar servicios lingüísticos.

Asimismo, recordó que solo los traductores públicos matriculados están legalmente habilitados para ejercer la profesión, asumir responsabilidades éticas sobre su trabajo y garantizar la validez profesional de las traducciones que realizan.

Llamado a verificar la matrícula

En el marco de la advertencia, el Colegio invitó a la comunidad a verificar la habilitación profesional antes de contratar servicios de traducción y recordó que dispone de un registro público de profesionales matriculados.

La actual Comisión Directiva también expresó su compromiso con la defensa del ejercicio profesional y con la lucha contra la competencia desleal, al tiempo que anticipó que analizará y evaluará las medidas correspondientes frente a cualquier situación de ejercicio ilegal que sea detectada o denunciada.

Finalmente, la entidad convocó a particulares, empresas e instituciones a informar posibles irregularidades y subrayó que la protección del ejercicio legítimo de la profesión constituye una herramienta para resguardar la calidad lingüística, la seguridad jurídica y la confianza en los servicios de traducción.

“Proteger el ejercicio profesional legítimo es proteger a la sociedad”, concluyó el comunicado difundido este viernes por la Comisión Directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de San Juan.