Un especialista explicó que los derechos previsionales se definen al momento de solicitar el beneficio y alertó sobre el déficit del sistema.

El abogado previsional y presidente del Foro de Abogados de San Juan, José Salinas, advirtió que los derechos jubilatorios no se consolidan antes, sino al momento de iniciar el trámite, en medio de un escenario donde vuelve a instalarse el debate sobre una posible reforma previsional.

En declaraciones en el programa De Sobremesa, el especialista buscó llevar tranquilidad al señalar que no hay actualmente un proyecto formal en tratamiento, aunque reconoció que el sistema es uno de los principales focos de presión fiscal.

“Hoy el sistema tiene un problema estructural: debería haber cuatro activos por cada pasivo, pero la relación está por debajo de dos aportantes por jubilado”, explicó, marcando el eje del déficit previsional.

En ese contexto, aclaró que quienes ya están jubilados mantienen sus derechos adquiridos, pero quienes aún no cumplen los requisitos no pueden “reservar” condiciones actuales. “Se aplica la ley vigente al momento de solicitar el beneficio”, sostuvo.

Salinas también desmitificó el régimen docente. Señaló que se trata de un sistema “híbrido”, donde los trabajadores aportan más —13% en total— pero se jubilan bajo el régimen general, con un complemento que ajusta el haber al 82% del salario mediante un suplemento específico.

En términos prácticos, explicó que un docente puede recibir un haber base calculado por promedio salarial y luego un adicional para alcanzar ese porcentaje, lo que desarma la idea de un régimen especial puro.

Sobre la litigiosidad, indicó que se mantiene estable, con juicios previsionales que hoy tienen una duración de 2 a 2,5 años, significativamente menor a décadas anteriores. Sin embargo, remarcó que muchos jubilados recurren a la Justicia para mejorar sus haberes.

El debate previsional vuelve a escena en un contexto de ajuste fiscal y presión sobre las cuentas públicas. Aunque no hay iniciativas concretas en marcha, los especialistas coinciden en que una reforma será inevitable.

La clave estará en cómo se equilibra la sustentabilidad del sistema con la protección de derechos, en un escenario donde cualquier cambio impacta directamente en millones de trabajadores y jubilados.