Las jubiladas señaladas como acreedoras de una hipoteca por US$ 200 mil aseguran no conocer al jefe de Gabinete.

En medio de la polémica por la compra de un departamento en Caballito, las dos mujeres que figuran como prestamistas en la operación vinculada a Manuel Adorni negaron cualquier relación con el funcionario. “No, la verdad que no”, respondió una de ellas al ser consultada sobre si lo conocía.

Según registros oficiales, la propiedad fue adquirida en noviembre de 2025 por US$ 230.000, con una hipoteca no bancaria de US$ 200.000, equivalente al 87% del valor del inmueble. Las acreedoras serían dos jubiladas, de 72 y 64 años, quienes también participaron como vendedoras del departamento.

Sin embargo, ambas desconocieron públicamente la operación. Una de ellas negó haber otorgado un préstamo, mientras que en el entorno de la otra aseguraron no tener información sobre la transacción. Las declaraciones abren interrogantes sobre la consistencia de los datos registrales.

El caso escaló a la Justicia: intervienen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, a partir de una denuncia que apunta a posibles irregularidades en la operación. Entre los puntos bajo análisis figura el valor de compra, que rondaría los US$ 1.155 por metro cuadrado, casi la mitad del precio de mercado estimado en la zona, cercano a US$ 2.000/m².

Además, se investiga la secuencia de titularidad del inmueble: pertenecía a un exfutbolista hasta mediados de 2025, luego pasó brevemente a nombre de las dos mujeres, quienes posteriormente otorgaron la hipoteca al funcionario.

Desde la oposición señalan posibles mecanismos de intermediación para facilitar la compra sin financiamiento bancario formal, lo que podría implicar inconsistencias patrimoniales. El caso se produce en un contexto político sensible, donde la transparencia en la declaración de bienes de altos funcionarios se encuentra bajo escrutinio público.

La evolución de la causa judicial será determinante para esclarecer el origen del financiamiento y el rol de las presuntas acreedoras. En paralelo, el episodio suma presión política sobre el Gobierno y reaviva el debate sobre controles en operaciones inmobiliarias de funcionarios.