El exjefe de Gabinete respondió los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita. Aseguró que obtuvo casi US$600.000 con Bitcoin antes de ingresar al Gobierno y que conservó parte de esos dólares fuera del sistema bancario. Ahora la Justicia deberá evaluar la documentación. En paralelo, surgió una polémica porque continúa trasladándose en un vehículo oficial pese a haber dejado el cargo.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia las explicaciones sobre su evolución patrimonial en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y puso el foco de su defensa en un dato central: aseguró que contaba con US$591.544,61 provenientes de operaciones con Bitcoin realizadas años antes de ingresar al Gobierno.

La presentación, de 78 páginas, respondió los 20 puntos que había planteado el fiscal federal Gerardo Pollicita después de que una investigación contable detectara inconsistencias entre los ingresos, gastos y bienes analizados. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete, tiene respaldo documental, contable y técnico.

Uno de los aspectos centrales del descargo es el origen de los dólares en efectivo. Adorni afirmó que operó con Bitcoin antes de ingresar a la función pública y que ocho billeteras digitales tuvieron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según la documentación aportada por su defensa, esas operaciones le permitieron obtener US$591.544,61.

La explicación tiene una particularidad que deberá ser examinada por los investigadores: la defensa reconoció que parte de la compra y venta de esas criptomonedas se habría realizado entre particulares y mediante pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras. También sostuvo que una parte de los dólares obtenidos quedó guardada en el domicilio familiar, fuera del circuito bancario.

Según Adorni, esos ahorros fueron utilizados posteriormente para afrontar diferentes gastos, entre ellos viajes al exterior y operaciones inmobiliarias. Los dólares declarados en efectivo pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 en 2024 y US$209.961,52 al finalizar 2025.

Otro de los puntos bajo análisis es la vivienda del country Indio Cuá. Adorni explicó que la compra del inmueble, valuada en US$120.000, fue financiada mediante un préstamo hipotecario por US$100.000, mientras que los restantes US$20.000 fueron abonados con efectivo que estaba bajo custodia de su esposa, Bettina Angeletti.

También discutió uno de los datos que había llamado la atención de los investigadores: el dinero destinado a remodelar esa propiedad. Un contratista había declarado un desembolso de US$245.000, pero la defensa de Adorni aseguró que el monto efectivamente pagado fue de US$175.000 y cuestionó inconsistencias en la documentación aportada por el constructor.

El requerimiento judicial no se limitó a esas operaciones. Pollicita pidió explicaciones sobre préstamos familiares, la compra de un Jeep, otra propiedad, gastos de viajes, expensas y cuotas escolares, operaciones con terceros, tarjetas de crédito, cancelación de deudas bancarias, acreditaciones no salariales y movimientos con criptomonedas.

La Fiscalía había calculado además una diferencia patrimonial de $43.068.549. La defensa sostuvo ahora que esa brecha representa el 15,8% de los egresos reconstruidos, que no constituye un enriquecimiento apreciable y que queda cubierta por la documentación y las explicaciones presentadas.

La presentación llegó después de una demora respecto del plazo originalmente previsto. Adorni debía responder inicialmente el 26 de agosto, pero su abogado, Matías Ledesma, solicitó más tiempo porque todavía no había podido acceder a la totalidad de la prueba utilizada por la Fiscalía, particularmente archivos provenientes de una extracción forense incorporada al expediente.

El juez federal Ariel Lijo rechazó suspender completamente los plazos, pero concedió una prórroga de 15 días para garantizar el derecho de defensa y permitió el acceso a los archivos solicitados. Finalmente, el descargo fue presentado antes del vencimiento definitivo.

Ahora comienza una etapa decisiva. Pollicita deberá analizar las respuestas y, especialmente, verificar si la documentación permite acreditar el origen de los fondos y reconstruir la trazabilidad de las operaciones. Si considera insuficientes las explicaciones, podrá pedirle al juez Lijo que cite a Adorni a declaración indagatoria.

En paralelo a la causa patrimonial surgió otra controversia alrededor del exfuncionario. Casi tres meses después de dejar la Jefatura de Gabinete, Adorni continúa trasladándose en una Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que había sido cedida para uso oficial de la Jefatura de Gabinete.

LA NACION constató que el vehículo continuaba siendo utilizado por Adorni después de su salida del Gobierno. Desde Inprotur señalaron que la camioneta permanece bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, mientras que fuentes oficiales indicaron que actualmente cumple funciones dentro del Ministerio de Seguridad y que esa cartera determina su utilización.

El Gobierno justificó además que Adorni conserve custodia federal por razones de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que funcionarios y exfuncionarios de alto rango pueden mantener protección durante seis meses, sujeta a una evaluación de riesgo.

La controversia aumentó por las infracciones asociadas a la camioneta. LA NACION identificó más de 50 multas posteriores o vinculadas al período analizado, con montos que superaban los $10 millones, principalmente por exceso de velocidad. Parte de las infracciones porteñas dejó posteriormente de aparecer en el registro público, mientras otras continuaban vigentes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Con el descargo ya incorporado al expediente, la investigación deja atrás la etapa en la que Adorni debía explicar sus movimientos y pasa al análisis de esas respuestas. El punto central será determinar si la documentación presentada permite justificar las diferencias detectadas o si la Fiscalía considera que persisten elementos suficientes para avanzar hacia una indagatoria.