El jefe de Gabinete evitó precisiones en su informe ante Diputados, amparándose en anexos confidenciales y causas judiciales en trámite.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un informe de gestión de 1936 páginas ante la Cámara de Diputados en el que evitó responder de forma directa sobre su situación patrimonial, derivando la información a anexos “reservados” y expedientes judiciales en curso. La estrategia anticipa la postura que sostendrá en su exposición oral ante el Congreso.
El principal foco de cuestionamientos giró en torno a la presunta omisión de bienes en su declaración jurada. Legisladores opositores señalaron un inmueble en el country Indio Cuá, adquirido en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde reside el funcionario. Adorni evitó precisar estos datos y argumentó que los bienes del grupo familiar están incluidos en un anexo confidencial, accesible únicamente por la Justicia en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2026.
El informe tampoco aclaró el origen de los fondos utilizados para dichas adquisiciones. Incluso, se consignó que el anexo reservado fue presentado con demoras, lo que refuerza las inconsistencias detectadas previamente en la declaración ante la Oficina Anticorrupción.
Otro punto crítico fue el viaje a Punta del Este durante el Carnaval de 2026, realizado en un avión privado. Adorni no confirmó quién financió el traslado y lo calificó como un asunto personal. Sin embargo, persiste una contradicción: mientras el funcionario afirmó haber pagado los pasajes, el piloto declaró que el costo fue cubierto por el empresario Marcelo Grandío.
Frente a esto, el informe se limitó a señalar que el Estado “no registra ningún pago” vinculado a ese viaje y que no existen constancias de financiamiento externo ante la Oficina Anticorrupción. Además, negó vínculos contractuales entre Grandío y Radio y Televisión Argentina (RTA), descartando posibles conflictos de interés, aunque sin aportar documentación respaldatoria.
En términos institucionales, Adorni también restringió el alcance de las respuestas al sostener que los hechos ocurridos durante su etapa como vocero presidencial no corresponden a su actual rol, evitando así ampliar explicaciones sobre episodios cuestionados.
Finalmente, el jefe de Gabinete eludió definiciones sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, que investiga una presunta estafa con implicancias políticas. Argumentó que cualquier pronunciamiento podría afectar una investigación judicial en curso y cuestionó la validez de la información periodística utilizada en las preguntas.
El informe consolida una línea defensiva basada en la judicialización de las respuestas y el uso de reservas legales, en un contexto de creciente presión política. La exposición presencial en Diputados será clave para medir si el Gobierno logra contener el costo institucional o si el caso escala en el plano parlamentario y judicial.
Fuente: La Nación
