Chats, audios, una posible indagatoria y la demora en su declaración jurada complican el escenario político y judicial del jefe de Gabinete.
El futuro político y judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría comenzar a definirse en los próximos 15 días, en medio del avance de dos causas que lo tienen bajo investigación y de la expectativa por una eventual citación a declaración indagatoria.
El expediente más sensible en el corto plazo es el que tramita el juez Ariel Lijo por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculadas al viaje del funcionario a Punta del Este en un jet privado financiado por un empresario relacionado con una productora beneficiada con contratos estatales. El magistrado espera una última prueba: el cruce de comunicaciones entre Adorni, el empresario Marcelo Grandio y directivos de la firma involucrada.
En paralelo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevos elementos de prueba. La investigación apunta a las obras realizadas en una propiedad del country Indio Cuá, adquirida por la esposa del funcionario y ausente —según la denuncia— de su declaración patrimonial.
De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, la demolición, reconstrucción y redecoración del inmueble habría demandado una inversión cercana a USD 245.000, presuntamente abonados en efectivo. El contratista Matías Tabar aportó facturas, remitos y documentación sobre materiales y mano de obra utilizados durante un año de remodelación.
Ahora, el foco está puesto en el contenido del celular del constructor, entregado voluntariamente a la Justicia. Según fuentes citadas en la investigación periodística, de esa pericia surgirían chats, fotos y audios que mostrarían instrucciones del funcionario sobre pagos, ampliaciones presupuestarias y conversaciones vinculadas a la estrategia frente a las declaraciones judiciales.
Uno de los puntos más delicados es la reconstrucción de contactos entre Adorni y el contratista antes de su comparecencia ante la fiscalía. Los intercambios incorporados al caso revelarían pedidos de alineamiento y ofrecimientos de asistencia por parte de allegados al funcionario, mientras el testigo insistía en que declararía “la verdad”.
A la presión judicial se suma el costo político. La demora en la presentación de la declaración jurada de bienes abrió cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Figuras como Patricia Bullrich, Francisco Paoltroni y Luis Juez reclamaron públicamente transparencia y explicaciones.
En ese contexto, la presentación patrimonial —que podría concretarse entre fines de mayo y comienzos de junio— aparece como el intento de Adorni por recuperar iniciativa en medio de una crisis que ya desbordó el plano judicial y amenaza con convertirse en un nuevo frente de desgaste para el Gobierno.
Fuente: Clarín
