La investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum entra en una etapa clave: el Ministerio Público analiza pedir más tiempo antes de definir si impulsa imputaciones o archiva la denuncia.
La causa judicial por el Acueducto Gran Tulum podría extender sus plazos de investigación. El fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, confirmó que existe la posibilidad de solicitar una prórroga del período preliminar, ante la proximidad del vencimiento del plazo legal y la complejidad del expediente.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien planteó presuntas irregularidades vinculadas a la obra hídrica ejecutada durante la gestión provincial 2019-2023. Entre los puntos denunciados figuran sospechas de direccionamiento de licitaciones, sobreprecios, pagos anticipados y posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras.
Baigorrí evitó anticipar conclusiones, aunque aseguró que “se ha avanzado mucho en la investigación”. Según explicó, aún resta analizar abundante documentación y completar medidas pendientes antes de resolver el futuro procesal de la causa.
El expediente se encuentra bajo la órbita de UFI Delitos Especiales, que reforzó el equipo investigador por la magnitud del caso. Actualmente intervienen dos fiscales —Sebastián Gómez y Francisco Pizarro— y cuatro ayudantes fiscales, dedicados a revisar contratos, pagos y antecedentes administrativos de la obra.
La legislación procesal establece un período inicial de 90 días hábiles de investigación preliminar, con posibilidad de extenderlo por otros 90 días adicionales. Una vez agotado ese último plazo, la Fiscalía deberá tomar una definición: avanzar hacia una audiencia de formalización para imputar sospechosos o desestimar y archivar la denuncia si no encuentra elementos incriminantes suficientes.
La causa tiene además una fuerte carga política. Parte de las sospechas apuntan a decisiones tomadas durante la última administración de Sergio Uñac, lo que mantiene bajo observación una de las obras públicas más relevantes y costosas de los últimos años en San Juan.
El pedido de prórroga, si finalmente se concreta, marcará que la Fiscalía aún considera abierta la búsqueda de evidencias en un expediente cuyo desenlace podría tener derivaciones judiciales y políticas de alto impacto.
