La masiva participación ciudadana en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares podría extender el tratamiento legislativo hasta seis meses, mientras el oficialismo y la oposición discuten el formato del debate.
El proceso legislativo para modificar la Ley de Glaciares enfrenta una inesperada demora tras registrarse más de 20.000 personas y organizaciones inscriptas para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados.
El volumen de participantes podría extender el debate parlamentario durante entre dos y seis meses, según estimaciones basadas en el esquema previsto de exposiciones.
Las audiencias fueron convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, y están previstas inicialmente para los días 25 y 26 de marzo.
Un cronograma que quedó corto
El plan original establece dos jornadas de debate de 10 a 19 horas, con intervenciones de cinco minutos por expositor.
Sin embargo, si todos los inscriptos utilizaran ese tiempo, el proceso podría demandar más de dos meses de exposiciones continuas, lo que obligaría a reorganizar el cronograma o ampliar la cantidad de jornadas.
La situación generó tensiones políticas dentro del Congreso: mientras sectores de la oposición exigen extender el número de audiencias, el oficialismo analiza reducir la cantidad de oradores para acelerar el trámite legislativo.
Qué cambia en la ley
El proyecto en discusión propone modificar el alcance de la normativa que protege glaciares y ambientes periglaciales, áreas clave para la conservación de reservas de agua.
Entre los cambios planteados se incluye un nuevo criterio técnico para definir qué zonas quedan protegidas, priorizando aquellas con funciones estratégicas vinculadas a recarga de cuencas y almacenamiento hídrico.
Aunque la iniciativa mantiene la prohibición de actividades que afecten glaciares, abre la posibilidad de evaluar proyectos productivos —incluida la actividad minera— mediante estudios técnicos y evaluaciones de impacto ambiental.
Un debate con impacto federal
La discusión tiene especial relevancia para provincias cordilleranas como San Juan, donde la actividad minera es uno de los motores económicos y donde la normativa vigente limita proyectos en zonas consideradas sensibles.
La audiencia pública combinará exposiciones presenciales en el Congreso y participación virtual, con el objetivo de garantizar un debate de alcance federal.
Con miles de inscriptos y posiciones enfrentadas entre sectores productivos y ambientalistas, el tratamiento de la reforma promete convertirse en uno de los debates ambientales más extensos y sensibles del año en el Congreso.
